Una tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes 5 de mayo la solicitud del gobierno de Donald Trump para revocar el estatus legal a los beneficiarios del programa de parole humanitario, que protege a miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, radicado en Boston, Massachusetts, se opuso a la suspensión de una orden judicial previa que detuvo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en su decisión de cancelar el parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden.
“A los efectos actuales, basta con decir que la Secretaria de Seguridad Nacional [Kristi Noem] no ha hecho en este momento una ‘fuerte demostración’ de que su cancelación categórica de la libertad condicional (parole) de los demandantes sea probable de sostener en una apelación”, determinó un panel de tres jueces del tribunal, todos designados por presidentes demócratas.
“Tampoco ha demostrado que la balanza de los daños y el interés público pesan tanto a su favor como para justificar una suspensión de la orden del tribunal de distrito en apelación ante la ausencia de una fuerte demostración que pueda hacer prevalecer la decisión de la Secretaria”, añadieron.
Se trata de un segundo revés para Trump, que desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado ha estado desmantelando todos los programas que favorecieron a miles de inmigrantes durante la era Biden, e impulsando las deportaciones masivas incluso de aquellos que poseen un estatus legal para permanecer en el país.
🥳📣Good news: The First Circuit just denied the Trump Admin's request to pause our win in Svitlana v. Noem that protected legal status + work permits for hundreds of thousands of people who came to the U.S. through CHNV parole. More on this here: https://t.co/eDaObRIgZT
— justiceactionctr.bsky.social (@jactioncenter) May 6, 2025
De esta manera, el tribunal de apelaciones respaldó la decisión de la jueza federal de distrito Indira Talwani, que el pasado 14 de abril denegó la revocación del parole humanitario.
Por su parte, el gobierno insistió en que Noem podía cancelar categóricamente el estatus de los inmigrantes de forma discrecional y que la orden de Talwani obligaba al ejecutivo a “retener a cientos de miles de extranjeros en el país contra su voluntad”.
Hay que tener en cuenta que Trump había determinado que todos los beneficiarios del parole podían ser deportados desde el 25 de abril si no tenían otro respaldo migratorio.
De hecho, el propio gobierno les aconsejó a las personas afectadas que debían salir voluntariamente del país para evitar una expulsión expedita.
La abogada Karen Tumlin, quien encabeza la demanda de grupos de beneficiarios, patrocinadores y organizaciones defensoras de los inmigrantes como directora del Justice Action Center, calificó de “intento imprudente e ilegal de la administración Trump” la maniobra para despojar a casi medio millón de personas de su estatus migratorio.
“Nuestros clientes han hecho todo lo que el gobierno de Estados Unidos les ha pedido. Ahora la administración Trump necesita mantener su parte del trato”, indicó Tumlin tras el fallo del tribunal de apelaciones.
No obstante, se espera que la administración Trump acuda a la Corte Suprema de Estados Unidos, como hizo ya para desafiar una decisión judicial precedente que protegió a unos 600 mil venezolanos acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS).
“La administración Trump está comprometida a restaurar el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración. Ninguna demanda, ni esta ni ninguna otra, nos impedirá hacerlo”, declaró en un comunicado la portavoz de DHS, Tricia McLaughlin.
El parole humanitario fue otorgado por dos años a venezolanos desde octubre de 2022 y, a partir de enero de 2023, a cubanos, haitianos y nicaragüenses. En total, alrededor de 532 mil personas de las cuatro nacionalidades lograron ingresar a Estados Unidos, entre ellos 110.240 cubanos.
