La activista opositora y periodista independiente Iliana Hernández reaccionó en redes sociales a la incautación en alta mar del buque petrolero Skipper por parte de Estados Unidos y afirmó que “ellos están experimentando exactamente lo mismo” que ella sintió cuando le decomisaron su ordenador, teléfonos y equipos audiovisuales. “Aquella sensación de impotencia fue brutal. Hoy, con la incautación del buque petrolero, ellos están experimentando exactamente lo mismo. El karma”, escribió Hernández en una publicación en Facebook.
El comentario de Hernández llega después de que autoridades estadounidenses confirmaran la operación contra el Skipper, una embarcación sancionada y vinculada, según el expediente judicial, a violaciones del régimen de sanciones. El Departamento de Justicia informó que el 10 de diciembre de 2025 la Guardia Costera abordó y tomó control del petrolero tras la emisión de una orden firmada el 26 de noviembre por un juez federal en Washington, y Reuters reportó que el buque había salido de Venezuela cargado con crudo poco antes de que expirara el amparo judicial.
En Cuba, el caso fue leído como un golpe directo a los suministros energéticos del eje Caracas–La Habana. Medios internacionales informaron que el Gobierno cubano condenó la incautación y la calificó como “piratería”, en un contexto de alta dependencia del crudo venezolano y de tensión creciente entre Washington y Caracas, recoge The Guardian.
Sin embargo, de vuelta a la «denuncia» de Hernández habría que reconocer que algo de justicia – o todo – tienen sus palabras y más aún, pues Hernández no es la única figura opositora o periodista independiente que ha denunciado decomisos de medios de trabajo en la isla. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han documentado registros y confiscación de equipos a comunicadores, además de restricciones y detenciones.
El patrón se extiende a otras redacciones y reporteros fuera del sistema estatal. En marzo de 2021, el CPJ denunció una redada policial contra el periódico independiente Páginas Villareñas y reportó la incautación de impresoras, laptops, teléfonos y otros soportes, lo que dejó al medio sin capacidad operativa. En informes regionales, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA también ha recogido denuncias sobre allanamientos y decomisos de herramientas periodísticas en Cuba.
Igualmente le sucedió a periodistas y colaboradores de medios independientes como elTOQUE. A lo largo de los últimos años, el medio ha denunciado interrogatorios, amenazas, campañas de descrédito y la confiscación de equipos de trabajo como parte del hostigamiento estatal contra su labor periodística. En varios de esos episodios, periodistas vinculados al proyecto han reportado la pérdida o retención de teléfonos, computadoras y otros medios de trabajo durante detenciones, registros policiales o citaciones de la Seguridad del Estado, una práctica que el propio elTOQUE ha identificado como sistemática dentro de la represión contra la prensa no estatal en Cuba.
En su publicación, Hernández estableció una equivalencia entre el decomiso sufrido por activistas y periodistas en la isla y la pérdida material asociada a la incautación del petrolero. El debate en los comentarios, sin embargo, se movió entre quienes interpretan la operación estadounidense como justicia y quienes la enmarcan como una acción judicial contra un circuito de sanciones, discusión que refleja el clima polarizado en torno a la política de sanciones y su impacto sobre Cuba y Venezuela.
