En Butler County, Ohio, el nombre de Magdiel López Rodríguez ya figuraba desde hace años en un registro incómodo: el de agresores sexuales. A sus 39 años, este ciudadano cubano había sido condenado por el delito de agresión sexual (sexual battery, un cargo de tercer grado) y estaba obligado, como cientos de personas en el estado, a presentarse periódicamente y notificar a las autoridades cualquier cambio de domicilio bajo el sistema de registro y notificación de ofensores sexuales (SORN, por sus siglas en inglés), señala WLWT.
Según un comunicado reciente de la Oficina del Sheriff de Butler County, agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaban desde octubre de 2021 con una orden final de expulsión contra López Rodríguez. Cada intento de localizarlo chocaba con el mismo obstáculo: el cubano no residía en la dirección que figuraba en el registro de ofensores ni en la dirección facilitada a la autoridad estatal de libertad condicional.
La situación cambió cuando el propio López Rodríguez se presentó en las oficinas del sheriff para hablar con los detectives sobre esas discrepancias. Allí fue arrestado de inmediato, en cumplimiento de la orden de detención de ICE y de una orden del sistema de libertad condicional. La oficina del sheriff adelantó que prepara cargos adicionales por violaciones de las normas de registro de ofensores sexuales, un delito que en Ohio puede implicar penas de prisión y agravar la situación migratoria de la persona.
Butler County no es un escenario cualquiera. Su cárcel ha sido señalada durante años por organizaciones de derechos humanos y grupos locales por el uso intensivo del centro como instalación de detención de inmigrantes para ICE. En 2025, familiares y activistas protestaron ante el penal denunciando separaciones familiares y condiciones de internamiento que describen como opacas y punitivas para personas que, en muchos casos, no tienen condenas penales graves, destaca WCPO 9 Cincinnati.
En este contexto, el caso de López Rodríguez se sitúa en un punto de cruce entre seguridad pública e inmigración. Por un lado, las autoridades locales subrayan que se trata de un agresor sexual condenado que habría incumplido reglas básicas de supervisión, como informar de su domicilio real. Por otro, su detención bajo custodia de ICE se inscribe en una política federal que prioriza la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales, en especial delitos sexuales o violentos, como muestra la propia comunicación oficial del sheriff.
No hay, de momento, detalles públicos sobre la trayectoria migratoria de López Rodríguez ni sobre la fecha en que pudo haber entrado a Estados Unidos. Lo que sí está claro es que el proceso abierto por las violaciones de SORN se desarrollará en paralelo a la ejecución de la orden de expulsión pendiente. Salvo un giro en tribunales migratorios, el caso apunta a convertirse en un ejemplo de cómo las faltas en el sistema de supervisión estatal pueden desencadenar consecuencias definitivas para inmigrantes ya bajo la mira de ICE.
