El Consejo de Ministros de Cuba oficializó que, tras el paso del huracán Melissa, el Presupuesto del Estado cubrirá el 50% del precio de venta de los materiales de construcción para las familias con viviendas dañadas total o parcialmente en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas. La medida quedó recogida en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 65 del 31 de octubre de 2025 (Acuerdo 10247), que además remite a créditos bancarios y subsidios para quienes no puedan costear el otro 50%. La norma se publicó con el lenguaje de “protección económica y social” y fue replicada por medios oficiales como Cubadebate.
Pero la discusión pública no tardó en encenderse. En redes sociales, activistas y ciudadanos cuestionan que se venda a mitad de precio lo que, en su opinión, debería entregarse a costo cero a hogares que lo perdieron todo.
La economista y comunicadora Yulieta Hernández Díaz sintetizó esa objeción en un post viral hecho en Facebook: “No es justo. No es ético. No es viable”, acompañando el argumento con un cálculo básico —materiales mínimos para techos y muros— que supera con facilidad el alcance real de los salarios en la isla.
El debate ocurre mientras los partes de daños confirman afectaciones severas en la red vial y viviendas del Oriente, tras el impacto de Melissa a finales de octubre y el núcleo del problema es la asequibilidad. Como bien señala Yulieta en su post, el salario medio oficial ronda los 6.506,5 CUP mensuales, cifra que ya en junio equivalía a unos 17 dólares al cambio informal, muy por debajo del costo de una canasta básica ampliada, y todavía más lejos de una compra de cemento, acero, bloques y techos. Con ese poder adquisitivo, trasladar a las familias la mitad de la factura de reconstrucción luce, en la práctica, inalcanzable.
A eso se suman los precios al alza de insumos clave. En mayo, el propio sistema normativo recogió incrementos en el cemento, con nuevas tarifas en la Gaceta (No. 46/2025). Incluso para hogares con acceso a créditos blandos, una estructura de precios crecientes —y escasez persistente— convierte el descuento del 50% en una promesa difícil de materializar en obra. La pregunta que sobrevuela los comentarios ciudadanos es doble: ¿hay inventario suficiente y, si lo hay, llegará a tiempo y sin “intermediaciones” que lo encarezcan?
El contraste entre el rótulo oficial —“protege a los damnificados”— y la experiencia acumulada tras desastres previos alimenta el escepticismo. En Pinar del Río, a meses y luego a años del huracán Ian (2022), seguían pendientes decenas de miles de techos, con avances lentos y déficits reconocidos de materiales. Quedó claro entonces que, sin producción suficiente, logística estable y transparencia en la distribución, las rebajas y facilidades crediticias no bastan para cerrar el abismo entre la necesidad y la entrega.
El contexto humanitario tras Melissa agrava la urgencia. El País y otros medios internacionales reportaron evacuaciones masivas, lluvias extremas y deslizamientos en el Oriente; las imágenes de viviendas ligeras y techos arrancados no son una rareza, sino el patrón de vulnerabilidad conocido desde Sandy (2012) en adelante. La política pública que siga a un huracán de esta escala debería partir de esa evidencia: hay territorios donde reconstruir no es una decisión de consumo, sino una reparación de derechos.
Una de las cubanas a las que el régimen «protege» con su acuerdo, sería esta mujer, identificada como Pilar, cuyas imágenes – en las que vive – se hicieron virales en Internet.
El Acuerdo 10247, en su letra, abre tres vías: descuento del 50%, acceso a crédito y posibilidad de subsidios con cargo al Presupuesto o a la Asistencia Social. El diablo está en los plazos, los montos y la cobertura. La Gaceta no establece un umbral de gratuidad explícita para pérdidas totales, ni clarifica criterios de focalización más allá de la condición de damnificado por Melissa; remite a oficinas de trámites municipales para “evaluar cada caso”. Allí se juega el desenlace: con cargas administrativas altas y tiempos inciertos, el riesgo de que los más pobres queden atascados en el papeleo —o en colas sin stock— es real.
Otra arista espinosa es la trazabilidad de las donaciones. Voces ciudadanas recuerdan aportes internacionales tras ciclones previos y preguntan por qué, si hay fondos y materiales donados, se cobra a quienes perdieron todo. No hay, por ahora, un parte público consolidado que detalle ingresos, inventarios y destino de la ayuda vinculada a Melissa. En esa opacidad florece la desconfianza, más aún cuando la propia prensa oficial ha documentado desvíos y “ilegalidades” asociados a la construcción en etapas anteriores. La transparencia —listados de materiales, existencias por municipio, cronograma de entregas y precios “netos” después del subsidio— sería un primer antídoto.
Lo ético, sostienen críticos y no pocos comentaristas moderados en espacios oficiales, sería que el Estado cubriera el 100% de los materiales básicos para pérdidas totales, al menos en un kit estándar de “vivienda segura” —estructura, cubierta resistente, sanitarios y redes mínimas—, y que el resto se complemente con créditos cero interés y apoyo comunitario en mano de obra. La experiencia pos-Ian mostró, además, que improvisar con techos ligeros o soluciones de “emergencia prolongada” termina siendo más caro: lo que no se invierte hoy en resiliencia se paga luego en repetición del desastre.
La coyuntura económica es indiscutible: el Estado opera con caja estrecha y el país arrastra contracción productiva. Pero también lo es la magnitud del daño y la fragilidad acumulada de los hogares orientales. Si la política de “mitad de precio” se queda sin materiales, sin focalización y sin transparencia, corre el riesgo de convertirse en una ficción contable. En cambio, un programa verificable —con inventarios abiertos, criterios claros de gratuidad total para pérdidas severas, y participación de actores estatales y no estatales en la producción y montaje— podría traducir el discurso de protección en techos reales, no en resoluciones.
A corto plazo, el reto operativo es evidente: restablecer accesos viales, habilitar almacenes y asegurar cadenas de suministro en las cinco provincias, mientras se publican listados de precios y existencias tras el 50% de rebaja. A mediano, la lección vuelve a ser la misma: sin un giro hacia viviendas más resistentes y financiamiento público focalizado en los más pobres, Oriente seguirá viviendo al filo de cada temporada ciclónica. Melissa no solo arrancó techos; dejó al desnudo una pregunta política: ¿es “protección” vender a medias lo que, para muchos, es la única garantía de seguir bajo un techo?
