El peso de la jaula y el silencio de la toga que están enfrentando activistas y opositores cubanos en Miami es demasiado fuerte. Se enfrentan a un sistema desinformado, con una comunidad desunida, interesada más en los chismes de farándula, que en la política.
Frente a esto, los congresistas cubanoamericanos de la Florida, deberían jugar un papel mucho más activo, porque tal parece que el fantasma de Fidel Castro sobrevuela los EE.UU.
¿Cuánto más hay que esperar y ver para despertar como comunidad? ¿Para que nuestros políticos actúen como deben actuar?
La audiencia final por asilo político de Joel Pérez duró exactamente dos horas y treinta minutos. Lo suficiente, pensaba él, para convencer a la Corte de Inmigración de que sus años de activismo en contra del régimen cubano eran más que un prontuario de riesgos: eran una sentencia en diferido si regresaba a la isla.
Pero no fue suficiente. La jueza a cargo del caso desestimó la solicitud. A su juicio, la evidencia presentada —que incluía citaciones oficiales, fotografías de manifestaciones y testimonios de arrestos, acoso y hasta un secuestro— no cumplía con el estándar necesario para probar un «temor creíble» de persecución. Joel, de 44 años, con su I-220A en mano y una historia de lucha que muchos en el exilio reconocen como propia, salió de la sala con la certeza de que la justicia en Estados Unidos no siempre reconoce los rostros del miedo.
Las palabras de su abogada, Rosaly Chaviano, resonaron tras el fallo. Denunció que existe una práctica frecuente entre fiscales del sistema migratorio: deslegitimar documentos emitidos por el propio régimen cubano, como citaciones policiales, bajo el argumento de que podrían ser fabricados o carentes de fecha verificable.
Una paradoja cruel, porque para muchos activistas ese tipo de documentos constituyen las únicas pruebas físicas que pueden obtener bajo vigilancia constante. En un sistema que se precia de legalismo, el exceso de celo procesal se convierte en un muro para los cubanos.
El nombre de la jueza no fue confirmado en el expediente público, pero entre activistas y defensores legales se repite uno con frecuencia sombría: Marsha Nettles.
Magistrada con sede en Miami, acumula una de las tasas más altas de rechazo de asilos del país. Según reportes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, entre 2019 y 2024 su índice de negación de solicitudes superó el 94 %, una cifra desproporcionada incluso en comparación con el promedio nacional de 57 %. En grupos de WhatsApp entre abogados de inmigración circulan advertencias: «Nettles es la que menos asilo da en Miami… pero no es la única». La ley, como la suerte, parece pender de quién esté detrás del estrado.
Este patrón de rechazo en las Cortes de Asilo se da en paralelo con un fenómeno aún más inquietante: la profunda desinformación que exhiben algunos jueces sobre la situación actual de Cuba. En múltiples audiencias, activistas y defensores legales han reportado la incredulidad de magistrados ante pruebas que, desde el exilio, se consideran irrefutables.
Arrestos arbitrarios, acoso por la Seguridad del Estado, expulsión de centros de trabajo o estudio por razones ideológicas… Todo eso, en más de una ocasión, ha sido desestimado como insuficiente para demostrar “persecución política”. Para muchos cubanos, el sistema judicial de inmigración estadounidense se ha convertido en una ruleta de sensibilidades, donde la justicia depende más del temperamento del juez que del mérito del caso.
Se dio el caso, incluso, ahora imposible de recordar dónde y cuándo sucedió pero es real, de un juez en una corte de Asilo que osó – sí, habría que usar ese verbo – de decir que en Cuba no había una dictadura porque, Fidel Castro ya había muerto y su hermano Raúl, le había entregado el poder a un civil. Cuando Ud. escucha tamaña estupidez en la boca de un juez, ¿qué puede esperar?
El eco del juicio de Oscar Casanella: otro exilio y asilo en espera
A finales de junio de 2025, el científico y activista cubano Oscar Casanella compareció frente a la Corte de Inmigración en Miami para una audiencia decisiva por su solicitud de asilo político. La audiencia, realizada el martes 24 de junio —mismo día del cumpleaños de su hijo mayor—, se extendió desde las 8:30 a. m. hasta pasadas las 3 p. m., sin que se emitiera un fallo al cierre del día. La magistrada señaló que necesitaría hasta el 11 de julio para entregar su decisión por escrito, lo que prolongó la incertidumbre sobre su futuro legal.
Casanella, bioquímico y profesor universitario en La Habana, llegó a Estados Unidos en enero de 2022 junto a su familia, con un historial que incluye arrestos arbitrarios, vigilancia constante de la Seguridad del Estado y amenazas directas por su cercanía a figuras críticas del régimen como el Movimiento San Isidro, documentada desde hace ya más de una década, por medios independientes cubanos. Su rostro, incluso, fue viral durante mucho tiempo y lo mostraba mientras era arrestado y golpeado por las fuerzas del régimen. Aunque su expediente incluía estas pruebas, fotografías, videos y citaciones oficiales, el proceso migratorio lo colocó en un limbo legal: al llegar a los EE.UU., recibió un formulario I‑220A en lugar de un parole o acceso a los beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Para la defensa de Casanella, representada por las abogadas Kenia García y Deliane Quiles, la audiencia fue extensa y los argumentos completos, pero su misma duración y la demora en la resolución son emblemáticos del sistema: casos complejos que pueden permanecer congelados durante años.
Pero hay algo en su caso que va más allá del papeleo o de los tecnicismos legales. La vida de Oscar Casanella ha sido tan marcada por la persecución que, irónicamente, esa abundancia de represión se ha convertido en un obstáculo ante los tribunales. Son tantos los episodios de acoso, tantos los arrestos, los interrogatorios, las amenazas, que reconstruir una cronología exacta se vuelve casi imposible. Y en la sala fría de una corte estadounidense, donde los fiscales se aferran a las fechas como si fueran líneas rectas en un mapa, cualquier error, cualquier confusión, cualquier laguna temporal puede leerse como una falla de credibilidad. No importa si el cuerpo de Oscar lleva las cicatrices y su memoria carga el trauma; para algunos jueces, la precisión documental vale más que la experiencia vivida.
Ese es, quizás, el componente más cruel en muchos casos de asilo de opositores cubanos: el sistema no está diseñado para digerir el caos. No entiende la lógica del acoso cotidiano, no reconoce que, cuando la represión es rutina, las fechas se mezclan, se borran, se confunden. En lugar de verlo como una prueba de la intensidad de la persecución, muchos lo interpretan como incoherencia. Y así, lo que debería reforzar un caso termina debilitándolo.
Casanella declaró después que “lo presentado no fue ni un 10 % de lo sufrido” y advirtió que, de ser expulsado, su vida podría estar en riesgo, e incluso la de su familia, pues las amenazas en Cuba no cesan.
Oscar Casanella no es el único, y el caso de Joel Pérez lo confirma. Pero su historia —tan llena de verdad, tan saturada de hechos— ilustra de forma dolorosa cómo la justicia puede volverse ciega precisamente ante quienes más necesitan ser vistos. La situación de Casanella, al igual que la de Joel Pérez, dibuja un sistema de justicia migratoria que dilata decisiones cruciales y pone en jaque el futuro de quienes verdaderamente abandonaron Cuba por razones políticas.
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María Elvira, ¿la tabla de salvación?
En este contexto, la congresista republicana María Elvira Salazar intenta vender una idea que, sobre el papel, parece razonable: la llamada «Ley Dignidad».
Presentada por segunda vez el pasado 16 de julio —el mismo día en que se desestimaba el caso de Joel Pérez—, el proyecto bipartidista propone un estatus legal temporal para inmigrantes sin antecedentes penales, un camino laboral que no conduzca directamente a la ciudadanía y la implementación de mecanismos más humanos y ordenados de control fronterizo.
La ley incluye, además, una reforma del sistema de asilo, con procesamiento acelerado en centros ubicados en países de tránsito o en la frontera, denominados «campus humanitarios». La idea, según sus autoras —Salazar y la demócrata Verónica Escobar—, es ofrecer una solución realista y de largo plazo a la crisis migratoria que, cada semana, vuelve a poner a Estados Unidos en el centro del debate ético continental.
Pero el esfuerzo ha sido recibido con una mezcla de indiferencia y sospecha dentro del propio Congreso. Ni Marco Rubio, ni Carlos Giménez, ni Mario Díaz-Balart —los otros congresistas cubanoamericanos de Florida— han respaldado públicamente la iniciativa. Aunque algunos medios y figuras del exilio han celebrado el gesto de Salazar, otros consideran que la falta de apoyo entre sus colegas evidencia que se trata de un proyecto sin destino real, más pensado para lucir compromiso que para generar cambios tangibles.
No esta claro, al menos para quien escribe esto, cómo se compagina el interés de la congresista, con una frase que pronunciara ella misma hace unos días y que pudiera convertirse en su condena política: “The cages are clean”. Solo le faltó decir «Roses are red».
Esa fue su declaración en una entrevista concedida a Fox News tras visitar el centro de detención “Alligator Alcatraz”, una instalación levantada en los Everglades para albergar a inmigrantes “difíciles” —según palabras del propio gobernador Ron DeSantis—. Durante el recorrido, Salazar aseguró que las camas estaban suaves y que nadie quiere estar enjaulado, pero las condiciones del lugar eran aceptables. La frase, banal y ajena al drama humano, de que «las jaulas están limpias», decididamente provoca indignación y fue recibida como tal. En redes sociales, periodistas y activistas como Annarella Grimal, quien con su trabajo periodístico ha sido la que más duro le ha dado a la dictadura cubana con sus denuncias documentadas sobre las «colaboraciones médicas», comenzaron a hacer notar el disparate. Otros, replicaron la frase acompañada de imágenes de mascotas en jaulas, una forma de denunciar la deshumanización implícita en su comparación.
No, no se trata solo de frases infelices. En ese mismo centro de detención, se descubrió recientemente que un menor de 15 años, sin antecedentes penales, fue encerrado durante tres días. El joven, de nombre Alexis, había ocultado su edad por temor a ser separado de su grupo de viaje. Fue trasladado esposado a Alligator Alcatraz y solo después de que su padre, Ignacio, lograra enviar una copia de su acta de nacimiento por WhatsApp, las autoridades aceptaron transferirlo a un albergue apropiado. El caso, confirmado por el Miami Herald, expone la rapidez y opacidad con que el Estado de Florida, en coordinación con agencias federales, ejecuta detenciones que cruzan límites legales y éticos. Mientras Salazar elogiaba la limpieza de las celdas, un niño era encerrado entre adultos.
La diferencia entre los casos expone un denominador común
Los casos de Joel Pérez y de Oscar Casanella, evidencian un sistema que no está preparado para entender la complejidad que se vive actualmente en los Estados Unidos. La diferencia entre ambos quizás radica solo en la edad y la fortuna de haber sido escuchados a tiempo. Pero hay una pregunta que flota entre abogados, activistas y votantes: ¿cuántos más quedarán atrapados entre jaulas limpias y sentencias sordas?
Esa pregunta también debería pesar sobre las próximas elecciones congresionales en la Florida. La comunidad cubanoamericana, históricamente fiel al Partido Republicano, podría comenzar a repensar su lealtad. Si sus representantes no responden con hechos —con apoyo real a leyes que protejan al exilio, con una postura clara contra los abusos migratorios—, el voto de castigo se vuelve una posibilidad real.
Porque ningún eslogan, por audaz que suene, puede reemplazar la experiencia directa del abandono. Ni el perfume de las rosas, ni la suavidad de un colchón, ni lo blanco de unas sábanas, ni la pulcritud de las jaulas podrán borrar JAMÁs, el rostro de un hombre como Joel Pérez al que le cerraron la puerta del asilo mientras la comunidad miraba en silencio.
¿Qué harán en su caso, y en otros similares, los congresistas cubanoamericanos y el Secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio? Parafraseando al mítico héroe animado de nuestras luchas independendistas, Elpidio Valdés… «Eso habría que verlo, compay».
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