El hermetismo oficial del régimen cubano no ha podido contener la gravedad de lo ocurrido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta.
El Ministerio del Interior (Minint) rompió finalmente el silencio este viernes para confirmar que la situación bajo control, asegurando que se «restableció el orden con racionalidad y determinación» luego de los incidentes reportados el jueves.
Aunque la versión estatal se limita a culpar a dos reclusos por una «violación grave del reglamento penitenciario», fuentes independientes sugieren que la chispa que encendió la revuelta fue el presunto asesinato de un joven recluso tras recibir una golpiza por parte de los guardias.
Este hecho habría desatado una ola de indignación que recorrió las galeras bajo consignas de «Patria y Vida», el mismo grito de libertad que sacudió la isla en julio de 2021.
De hecho, el líder opositor en el exilio, José Daniel Ferrer, difundió grabaciones donde se percibe el eco de las protestas desde el interior del penal, destacándose los gritos de «Patria y Vida», el himno de resistencia de 2021.
La situación dentro de Canaleta sigue siendo una incógnita peligrosa debido al bloqueo informativo del Estado. Organizaciones como Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) han alertado sobre la imposibilidad de verificar oficialmente el estado de los internos.
Por su parte, el medio Diario de Cubaconfirmó la cifra de seis fallecidos basándose en testimonios de madres que, entre lágrimas y desesperación, han comenzado a dar nombres y apodos de las víctimas.
“Nadie habla de lo que pasa ahí dentro, pero los gritos se escuchaban desde afuera. No sabemos quiénes están vivos y quiénes no”, reportan voces cercanas al penal, donde se presume el uso de gas pimienta y balas de goma contra los internos.
Activistas de Cubalex han denunciado operativos de represalia y castigos colectivos tras el motín. La falta de transparencia deja a las familias en un vacío absoluto: sin partes médicos y sin acceso a comunicaciones, el régimen de alta seguridad de Canaleta se ha convertido en una caja negra donde la vulnerabilidad de los derechos humanos es extrema.
Este estallido ocurre en el momento más crítico para el país, con una crisis energética sin precedentes y la suspensión total de suministros de crudo tras las presiones de la administración Trump, lo que ha elevado la tensión social a niveles explosivos, incluso tras las rejas.
