Una petición ciudadana respaldada por 1.535 firmas verificadas fue entregada este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para solicitar la discusión de una Ley de Amnistía que permita la liberación de personas encarceladas por motivos políticos en Cuba. La iniciativa coincidió con declaraciones televisivas del vocero oficialista Humberto López, quien afirmó que en el país “no se persiguen opositores políticos”, sino a personas sancionadas por delitos contra la seguridad del Estado y otros delitos comunes.
La entrega de documento, de acuerdo con la información divulgada por los organizadores, fue realizada por Yenisey Mercedes Taboada Ortiz —madre del preso Duannis León Taboada— junto a Jenny V. Pantoja Torres, mientras Miryorly García Prieto quedó registrada como representante formal para dar seguimiento al trámite ante las autoridades.
El expediente presentado incluye la carta de petición divulgada públicamente el 11 de enero, un escrito técnico-jurídico de respaldo y el listado de firmantes. Los promotores señalan que la campaña acumula 2.155 apoyos válidos y que continuará incorporando nuevas adhesiones mediante entregas progresivas una vez verificadas; en los datos divulgados, el 59% de los firmantes reside en Cuba y un 6% son familiares de presos, con predominio de madres.
La campaña sostiene que el pedido se ampara en el artículo 61 de la Constitución, que reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, y en la Ley No. 167, publicada en Gaceta Oficial, que regula el sistema de atención y los procedimientos para tramitarlas dentro de las instituciones estatales.
El documento, que se puede firmar aquí, en este enlace, pudiera recibir más firmas las cuales se pudieran añadir a las ya entregadas previamente.
La acción cívica coincidió, ese mismo día, con declaraciones del comentarista oficialista Humberto López, quien sostuvo en televisión que “en Cuba no se persiguen opositores políticos” y que las sanciones responden a “delitos contra la seguridad del Estado” u otros delitos comunes.
Ese mismo día, en un comentario televisivo, Humberto López sostuvo que en Cuba no se persigue a opositores políticos y que las sanciones responden a delitos contra la seguridad del Estado u otros delitos comunes. Entre agosto de 2025 y enero de 2026, sin embargo, familiares y activistas denunciaron impedimentos de viaje, interrogatorios y operativos de control contra disidentes, en un contexto de tensión política marcado por nuevas medidas de Estados Unidos hacia la isla.
En su intervención televisiva, López enmarcó sus declaraciones en una crítica a la política de Estados Unidos hacia Cuba y rechazó que la isla represente una amenaza para la seguridad estadounidense. Afirmó que las relaciones de Cuba con otros países responden a intereses comerciales, científicos y académicos, y no a acciones hostiles. En ese contexto introdujo su afirmación sobre la disidencia interna.
Sin embargo, organizaciones internacionales han documentado arrestos, hostigamiento y procesos judiciales cuestionados, en particular tras las protestas del 11 de julio de 2021; en julio de 2025, Human Rights Watch reportó abusos en prisión y cuestionó el uso de figuras penales amplias contra manifestantes.
En noviembre de 2025, El País informó sobre pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que sitúan a Cuba entre los países con más dictámenes por detención arbitraria desde 2019. Reuters, por su parte, reportó en 2025 re-arrestos y medidas restrictivas contra opositores, incluido el caso de José Daniel Ferrer tras una liberación condicionada.
