España es actualmente un país donde, si la ocupación no es “flagrante” (es decir, si no te das cuenta en las primeras 48 horas), entonces empieza un via crucis judicial que puede durar meses.
Cuando por fin hay una orden de desalojo, aparece una ONG, un abogado de turno o algún colectivo de activistas que alega que echarlos es “inhumano”. Así se alarga todo. Así se protege al que no ha respetado ni la puerta de entrada.
Eloísa Muñoz, embarazada de dos meses, y su pareja, Óscar Jiménez, aún no han podido volver a dormir bajo el techo que un día fue su hogar. Y si lo contamos es porque, existe un grandísimo interés entre la comunidad latinoamericana y europea, y también estadounidense, en venirse a vivir a España donde «la comida es muy barata» y «se vive de puta madre».
Los hechos se remontan a la tarde del 8 de junio, cuando luego de regresar, tras pasar el día fuera, Eloísa y Oscar encontraron su vivienda ocupada por una familia —tres mujeres y un hombre— que los recibieron a golpes de palos, cadenas e incluso una motosierra. A Óscar le aplicaron 20 puntos de sutura en la cabeza; Eloísa quedó inconsciente y con contusiones en todo el cuerpo.
“Vinieron a matarnos; si la Guardia Civil tarda 30 segundos más, no lo contamos”, relató días después ante las cámaras de Antena3 y de Telecinco.
Según se conoce, la pareja intentó recuperar algunas pertenencias que los okupas habían arrojado a un contenedor. Fue entonces cuando, según su testimonio, los asaltantes los emboscaron. La intervención de una patrulla evitó, con toda probabilidad, un desenlace fatal. Los agentes detuvieron a los cuatro agresores, ahora en prisión provisional por lesiones y allanamiento de morada, tal como decretó el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Montoro el 11 de junio, destaca ABC.
Sin embargo, pese a la detención de los presuntos autores, otros allegados del mismo clan permanecen en la vivienda, por lo que Eloísa y Óscar siguen hospedados en casa de familiares, a la espera de un juicio de recuperación de la posesión.
“Lo material ya nos da igual, pero aquí no quiero quedarme”, confesaba ella en una entrevista el 4 de julio, visiblemente angustiada.
El caso de Bujalance ha inflamado las redes sociales y alimentado la sensación de impunidad. Sin embargo, los datos oficiales presentan otra dimensión: en 2024 se registraron 16 426 denuncias por ocupación ilegal en toda España (un 7,4 % más que en 2023), lo que equivale aproximadamente al 0,06 % del parque de viviendas. Cataluña concentró el 42 % de los casos (7 009), seguida de lejos por Andalucía (2 207), según los datos que recoge Epdata.
Fuentes de Interior recuerdan que la mayoría de denuncias se refieren a viviendas deshabitadas y que el allanamiento —la ocupación violenta de la morada habitual— continúa perseguido como delito grave. Aun así, asociaciones de víctimas exigen más agilidad judicial y protección efectiva para casos como el de Bujalance, donde la vulnerabilidad de la familia golpeada se prolonga casi dos meses después de la agresión.
El Gobierno de coalición PSOE-Sumar —con apoyo de PP y Junts— dio en marzo el visto bueno a la tramitación de una proposición de ley que fija el desalojo de okupas en menos de 48 horas cuando se trate de usurpación, y que incluye el allanamiento de morada en los juicios rápidos. El texto todavía está en fase de enmiendas, pero supone endurecer los plazos actuales, que ya permiten a la policía actuar de inmediato si la ocupación se denuncia antes de 48 horas, según recoge la web 20minutos.
Mientras, una mezcla de impotencia, hartazgo y desconfianza hacia unas instituciones que parecen funcionar con lentitud para el ciudadano común, pero con sorprendente rapidez para proteger al que sabe navegar el sistema, persiste en la calle. Quieren algo muy simple: que si alguien te ocupa tu casa y te agrede, el Estado esté a tu lado sin matices ni demoras. Que la ley actúe con firmeza y no con “comprensión selectiva”. Que el derecho a la propiedad no tenga letra pequeña.
El PSOE no ha legalizado la okupación, pero…
Contrario a lo que muchos pudieran contar el PSOE no ha legalizado la okupación, pero sí se le nota falta de voluntad política de acabar con este desorden. Mientras, hay gente durmiendo fuera de su casa, juicios que no llegan, y ocupaciones que se eternizan gracias a tecnicismos, vulnerabilidades declaradas y burocracia paralizante. La indignación no es ideológica, es vivencial, pues el sistema actual parece más preocupado por no ofender que por proteger.
Para un país necesitado de inversión, en el que aumenta cada día más la llegada de «nómadas digitales» y jubilados, que te quitan la casa a patadas y tú, en lugar de recuperar tus llaves, acabes durmiendo en casa de tus padres, esperando a que un juez se digne a hacer su trabajo, no pinta como un escenario ideal que fomente la llegada al país de gente con dinero. En esta España progresista de papel mojado, hay cientos de personas esperando a que la Justicia les notifique algo. Hay una complicidad pasiva, un dejar hacer, un mirar para otro lado mientras te llenan de excusas sobre derechos humanos, minorías vulnerables y “el Estado de derecho”.
Todo esto el PSOE lo sabe. A menundo aprueban decretos que congelan lanzamientos, prorrogando “escudos sociales” que convierten en eternos a los okupas si tienen un hijo o una nómina de 200 euros! Pero… ¿quién protege al dueño? De hecho, este es visto incluso como un privilegiado. Como sospechoso de tener demasiado. Es la lógica de la izquierda: mejor no molestar al que roba si parece pobre. Mejor no tocar al que revienta cerraduras si es inmigrante o “vulnerable”.
Actualmente, lo que comenzó como una okupación de las casas poseídas por el banco, ha degenerado en un proceso donde incluso operan las mafias. Estas detectan casas vacías, entran, falsifican contratos de alquiler o empadronan a familias vulnerables, o las operan como AirBnB y se agarran al sistema como lapas. ¿Y qué hace el Estado? Darles abogados de oficio, ayudas sociales, aplazamientos judiciales. Porque el que ocupa ya no es visto como un delincuente, sino como un “síntoma del sistema”. Y esa idea la ha normalizado este clima político.
Así que no, aclaramos, el PSOE no ha inventado la okupación; pero la ha alimentado con cada prórroga del escudo social, con cada matiz garantista, con cada freno ideológico a la intervención policial. La ha nutrido con la narrativa de que “nadie ocupa por gusto”, como si fuera una opción noble, revolucionaria, heroica.
Esa es la España que han fabricado. Llámala socialdemocracia, progresismo o Estado garantista. Pero es una España sin ley, donde el delincuente se siente más protegido que el propietario. Y no, no hace falta ser un ultra para indignarse con esto. Basta con tener casa.
Mientras tanto, la familia de Bujalance – como otras – sigue fuera de su casa. Golpeados, humillados, y esperando justicia.
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