Prometía retornos descomunales y terminó dejando a cientos de inversionistas con las manos vacías. Efraín Betancourt Jr., un empresario de 36 años nacido en Venezuela y criado en Miami, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, tras orquestar una estafa millonaria que afectó a más de 600 venezolanos radicados en el sur de la Florida.
Según reportó el Miami Herald, Betancourt, ex CEO de la empresa Sky Group USA LLC, captó aproximadamente 66 millones de dólares mediante la venta de pagarés con promesas de retornos anuales de hasta tres cifras. De esa cifra, solo unos 12 millones se destinaron a préstamos reales. El resto fue desviado a gastos operativos, comisiones para vendedores y, sobre todo, a una vida de lujos.
Entre sus “inversiones” personales más escandalosas figura una boda fastuosa en un castillo de Francia, joyas costosas, un condominio de $1.5 millones en el edificio Epic Residences de Miami, un avión privado y vacaciones en el Caribe. Todo con dinero ajeno.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) lo acusó formalmente en 2020 y, aunque llegó a un acuerdo civil para devolver más de $39 millones, hasta hoy, los afectados no han recuperado ni un centavo, según confirmó al diario el abogado Richard Díaz, representante de algunos de los inversionistas.
El esquema, calificado como un clásico esquema Ponzi, colapsó con la pandemia, cuando los prestatarios dejaron de pagar sus préstamos y la empresa perdió flujo de caja. A pesar de un acuerdo judicial en el que su actual esposa y su exesposa también debieron pagar sumas millonarias, el dinero sigue sin aparecer.
Desde noviembre pasado, Betancourt está en custodia federal, tras ser arrestado por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba salir del país. El fiscal federal Roger Cruz advirtió que millones en ganancias fraudulentas fueron transferidos al extranjero o traspasados a familiares.
El empresario enfrenta una posible condena de ocho años de prisión, además de una orden de restitución por más de $8 millones. Su sentencia está programada para agosto.
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