Las autoridades de Las Tunas informaron que el chofer de una pipa arrendada por la Empresa Láctea y el representante de la entidad que lo acompañaba fueron detenidos e instruidos de cargos por el presunto delito de sabotaje, después de que una inspección detectara irregularidades en la leche vacuna destinada a niños.
Según la nota oficial reproducida por medios provinciales y por el Gobierno local, el producto llegó a la bodega No. 1 de La Loma con una densidad de 16.5 g/mL, muy por debajo de los 30 g/mL exigidos, y además apareció un sobrante de 202 litros sin justificar.
El dato provocó indignación inmediata por una razón sencilla: en la Cuba de hoy, la leche para los niños es uno de los bienes más sensibles del sistema de racionamiento. La reacción oficial fue dura y quiso enviar una señal de “tolerancia cero” frente a una adulteración que afectó directamente a un alimento básico para la infancia, pero el caso no se quedó en la denuncia moral ni en la rabia por la leche aguada. En el página de Facebook vinculada al MININT en el territorio tunero no hubo debate como en Periódico de Las Tunas.
Sin embargo, el verdadero debate ocurrió en el perfil de Facebook de la influencer Yulieta Hernández Díaz, cuando esta abordó la calificación penal elegida: sabotaje.
Ese punto abrió una discusión mucho más amplia, fuera de los perfiles oficialistas, aunque este también ocurrió dentro, pero en menor medida.
Una parte de los comentarios respaldó la mano dura. Para esos usuarios, no hay matiz posible cuando se trata de recortar o adulterar la leche de los niños. En esa línea, varios lectores reclamaron más controles, revisiones periódicas en todas las pipas y sanciones ejemplares no solo para el chofer y el acompañante, sino para cualquiera que participe en una cadena de robo o desvío que lleva décadas afectando la calidad de la leche, el pan y otros productos básicos. La indignación no fue poca porque muchos tuneros dijeron que la escena no les sorprendía: que la leche “siempre viene aguada”, con mal olor o directamente cortada.
Pero hubo otro sector, incluso entre personas que condenaron sin rodeos echarle agua a la leche, que puso el foco en la desproporción jurídica. El Código Penal cubano, en su artículo 125, castiga el sabotaje con penas de siete a quince años cuando alguien destruye, altera, daña o perjudica recursos, instalaciones o medios priorizados para el país, o cuando daña bienes de uso o consumo “con el propósito de afectar la economía nacional”. En formas agravadas, la sanción puede subir de diez a treinta años, cadena perpetua o incluso pena de muerte si se producen consecuencias graves. Ese marco legal explica por qué la decisión estatal ha levantado tantas alarmas: no es lo mismo procesar un fraude alimentario o una adulteración que activar un delito históricamente reservado para hechos mucho más graves.
Ahí fue donde los comentarios se dividieron de verdad. Algunas voces dijeron que alterar un alimento para niños sí merece una respuesta severa, pero no llamarlo sabotaje. Otras fueron más lejos y señalaron que la tipificación parece una forma de inflar penalmente un delito económico para exhibir fuerza en medio del deterioro general. Esa crítica no salió solo de perfiles opositores o del exilio: también apareció formulada en términos jurídicos, con personas advirtiendo que una cosa es castigar el robo, la adulteración o la estafa, y otra muy distinta deformar el tipo penal hasta convertir casi cualquier desvío en un atentado contra la economía nacional.
El debate también dejó al descubierto otra grieta: muchos cubanos no discuten solo qué hicieron esos dos hombres, sino por qué el sistema de control no detectó antes algo que, según numerosos comentarios, lleva años ocurriendo. La observación más repetida fue demoledora: si hubo que esperar a una denuncia ciudadana para comprobar que la leche infantil llegaba prácticamente rebajada a la mitad, entonces el problema no es solo de dos detenidos. Es de supervisión, de impunidad acumulada y de un aparato estatal que suele reaccionar cuando el escándalo ya está servido.
En paralelo, surgió la lectura política de fondo: para muchos usuarios, el caso confirma que el Estado cubano aplica la ley con toda su dureza sobre el eslabón más débil, mientras las causas estructurales del desastre alimentario siguen intactas. En las propias reacciones se repite una idea: que la leche aguada no nació ayer, que la precariedad salarial, la ruina productiva, la falta de controles y la corrupción cotidiana forman parte del paisaje, y que ahora el gobierno intenta convertir un síntoma crónico en una operación ejemplarizante.
Lo ocurrido en Las Tunas deja, por tanto, dos hechos superpuestos. El primero es evidente: adulterar la leche destinada a niños ha generado indignación legítima y una exigencia real de castigo. El segundo es más incómodo para el poder: la acusación de sabotaje abrió una discusión sobre el uso expansivo del derecho penal en Cuba, justo cuando más ciudadanos perciben que la ley cambia de tamaño según convenga al relato oficial.
