La denuncia empezó a circular por una página de Facebook ajena a la prensa oficial y con un tono de alarma que se repite cada vez más en Cuba: un campesino de 72 años, identificado como Bárbaro Hernández, habría sido golpeado brutalmente en la provincia de Las Tunas en medio de un hecho violento ligado al robo en zona rural.
La publicación, difundida por la página “Nio reportando un crimen”, hablaba de un presunto intento de robo de ganado, de animales sacrificados y de un anciano agredido con signos visibles de violencia. En los comentarios, el caso dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en otra cosa: una catarata de testimonios sobre robos en fincas, envenenamiento de perros, pérdidas de cosechas, animales desaparecidos y una sensación extendida de desprotección en el campo cubano.
En la publicación, decenas de usuarios aprovecharon para describir un escenario de inseguridad que, según ellos, se ha vuelto habitual en las zonas agrícolas. Un campesino afirmaba que el año pasado le robaron una bomba de pozo, fertilizante, yuca, plátanos y un toro de la yunta, y que este año le habían arrancado incluso el maíz de semilla con mata y todo. Otro comentario advertía desde Contramaestre que primero envenenan los perros y luego regresan a rematar el robo. Una mujer recordó que a su padre lo asesinaron en el campo y nunca encontraron a los culpables. Lo que se armó debajo de esa publicación fue una crónica coral del miedo rural.
Ese trasfondo no sale de la nada. En junio de 2025, autoridades cubanas reconocieron un repunte de los delitos contra la masa ganadera tras una baja inicial en ese mismo año, según reportó la prensa oficial. También investigaciones periodísticas y reportes independientes han documentado el deterioro sostenido del sector pecuario, con miles de pérdidas por sacrificio ilegal, robos y fallas de control, en un contexto de crisis alimentaria y empobrecimiento del campo. EFE ya había descrito en 2025 que el robo y sacrificio de ganado volvía a cebarse con el campo cubano y que algunos productores se sentían incapaces de proteger sus animales o pagar vigilancia privada.
Eso ayuda a entender por qué el caso de Bárbaro Hernández generó semejante reacción. No se trata solo de la crueldad del ataque, sino también de lo que hay detrás: un campesino, anciano, todavía laboralmente activo, impulsando el esfuerzo productivo que el Estado le pide a sus ciudadanos, pero que al final ha quedado expuesto y vulnerable ante la delincuencia que es responsabilidad del estado controlar.
Precisamente ese mensaje de «aquí estamos nosotros», es el que apareció horas después, cuando desde la página oficialista en Facebook administrada por el entorno del Ministerio del Interior en Las Tunas: “Claridad Tunera” se confirmó la agresión, modificando algunos elementos centrales del relato. La publicación desmintió que se tratase de un sacrificio de reses o de un intento de abigeato, sino de un “violentísimo robo” ocurrido en la madrugada del 31 de marzo de 2026 en el barrio Berrocal, municipio Colombia, donde varios asaltantes golpearon salvajemente al anciano para robarle baterías de un sistema de paneles solares, una montura, dinero y un caballo. Esa versión añadía además un dato que la primera no tenía: uno de los presuntos implicados había sido capturado por las autoridades con apoyo de la población.
El cambio de tono en la página oficialista no desmintió sin embargo la gravedad del clima social en el que vive el campesinado cubano, con miles de productores agotados, ancianos expuestos, familias que montan guardia, vecinos que dicen saber quién roba y un aparato policial al que una parte de la población acusa de actuar con más rapidez frente a la protesta política que frente al delito común. De gente que trabaja para que luego venga un vivo a robarle su esfuerzo; a menudo golpeándolo. En ocasiones asesinándolo.
En la publicación oficialista abundaron los pedidos de “mano dura”, “cadena perpetua”, “pena máxima” e incluso referencias constantes a Nayib Bukele, el Presidente de El Salvador, como modelo de respuesta ante tante delincuencia descontrolada. También allí aparecieron grietas incómodas para el discurso oficial. Entre los comentarios de apoyo a la policía se colaron otros que reclamaban sentencias más severas, criticaban la blandura de las leyes y dejaban entrever una inquietud que el propio aparato institucional ya no logra contener: la delincuencia se percibe como un problema desbordado.
Entre un relato y el otro hay detalles diferentes, pero en ambos se mantiene intacto lo esencial: un hombre mayor, trabajador del campo, terminó hospitalizado después de un ataque de extrema violencia en una zona rural de Cuba. Una radiografía social que provoca mucha indignación.
La propia versión oficial, aunque intenta recuperar autoridad al informar la captura de uno de los presuntos agresores, deja entrever esa presión. La insistencia en que “el resto también serán atrapados” y en que hechos así “siempre tendrán una respuesta rápida y contundente” suena, en el fondo, a respuesta defensiva frente a una percepción pública muy erosionada. No casualmente, incluso bajo esa publicación aparecieron usuarios pidiendo juicios públicos, condenas ejemplarizantes y castigos mucho más duros, como si ni siquiera la noticia de una detención alcanzara para restaurar confianza.
Lo más duro de este caso es quizás eso: no que se haya golpeado a un anciano o quién lo golpeó, sino esta otra: qué clase de país permite que un anciano del campo termine así. Entre la página que denuncia abandono y la página que celebra una captura, queda a la vista una verdad menos cómoda: el miedo rural se ha vuelto una experiencia compartida por muchos dentro de la isla.
