La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este martes una decisión que podría impactar a millones de residentes permanentes en el país, ya que decidió que un oficial fronterizo no necesita tener prueba “clara y convincente” de que una persona con green card cometió un delito antes de tratarlo como solicitante de admisión al regresar al país.
En el caso Blanche v. Muk Choi Lau, el tribunal resolvió por seis votos contra tres que, para tratar a un residente como solicitante de admisión, basta con que el Gobierno alegue que cometió un delito incluido en causales de inadmisibilidad, así como que la condena puede usarse después en el proceso migratorio.
Muk Choi Lau, ciudadano chino y residente permanente desde 2007, salió temporalmente del país mientras tenía un cargo penal pendiente. Al regresar por el Aeropuerto JFK a mediados de 2012, no fue admitido formalmente como residente, sino dejado entrar bajo parole mientras se resolvía su causa penal. Tras declararse culpable en 2013 por falsificación de marcas comerciales, el gobierno inició procedimientos de remoción por inadmisibilidad.
El caso de Lau ilustra las consecuencias concretas de esa reclasificación. Al ser puesto en libertad condicional, las autoridades le confiscaron su green card física y le entregaron únicamente un formulario I-94 temporal.
La opinión mayoritaria, redactada por el juez Clarence Thomas con el respaldo de los magistrados Roberts, Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, establece que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no impone ese estándar probatorio a los oficiales de frontera, quienes deben tomar “decisiones rápidas en el momento” sin que la ley les exija una carga equivalente a la de un tribunal.
Es importante aclarar que, cuando un residente permanente es clasificado como “ya admitido”, el gobierno debe probar su deportabilidad. Sin embargo, cuando es tratado como “solicitante de admisión”, es el propio inmigrante quien carga con la prueba de su admisibilidad.
La mayoría estableció que basta con que el residente haya “cometido” un delito contemplado en la ley para que pueda ser reclasificado; y que se requiere condena o admisión del delito para declararlo inadmisible. Lo que ocurre es que una condena obtenida meses o años después del reingreso puede validar retroactivamente la decisión tomada en la frontera.
“Me preocupa que la Corte haya entregado al gobierno un cheque en blanco de gran alcance”, expresó la jueza Ketanji Brown Jackson en un voto disidente al que se sumaron sus dos colegas liberales.
“Por ley, los residentes permanentes son lo más cercano a la ciudadanía que se puede alcanzar sin naturalizarse. Hoy, la mayoría ignora ese hecho crucial”, escribió Jackson sobre la gravedad del precedente.
En cualquier caso, se trata de un cambio que aumenta el riesgo para residentes permanentes que viajan fuera de Estados Unidos con cargos pendientes, condenas antiguas o problemas penales.
Hay que tener en cuenta que varios son los casos de residentes permanentes que han sido detenidos al regresar al país tras haber cometido un crimen.
El abogado de inmigración Willy Allen ha advertido que cualquier residente con antecedentes penales que viaje al exterior puede ser detenido al regresar, independientemente del destino.
