Estos casos reflejan la complejidad legal y las implicaciones internacionales de las demandas bajo la Ley Helms-Burton, especialmente en lo que respecta a la jurisdicción y la definición de «tráfico» en propiedades confiscadas.
El 14 de abril de 2025, durante el juicio en curso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el exgerente del grupo Cuba de Expedia testificó en defensa de las acciones de la compañía en relación con la oferta de reservas para resorts en una isla frente a la costa de Cuba. Este testimonio se enmarca en el caso Echevarria et al v. Trivago GMBH et al, en el cual el demandante, Mario Echevarria, alega que Expedia y sus subsidiarias «traficaron» con propiedades confiscadas por el gobierno cubano, específicamente en la isla de Cayo Coco.
Echevarria sostiene que las reservas ofrecidas por Expedia en hoteles como Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco constituyen «tráfico» según la Ley Helms-Burton, ya que se benefician económicamente de propiedades confiscadas sin su autorización.
Por su parte, Expedia argumenta que:
- Echevarria no puede demostrar una cadena de herencia válida bajo la ley cubana.
- Las reservas se realizaron antes de recibir notificación del reclamo de Echevarria.
- Las actividades estaban autorizadas por licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y eran incidentales a viajes legales a Cuba.
- Expedia Group, como empresa matriz, no es responsable de las acciones de sus subsidiarias.
Según Law360, el juez Federico A. Moreno ha determinado que existen cuestiones de hecho y de derecho extranjero que deben resolverse, incluyendo la validez de la herencia de Echevarria y si las actividades de Expedia constituyen «tráfico» según la ley.
Este caso es parte de una serie de demandas bajo la Ley Helms-Burton desde que se activó el Título III en 2019, permitiendo a ciudadanos estadounidenses demandar a entidades que se beneficien de propiedades confiscadas en Cuba, y no es el único en su tipo desde que el Título III de la Ley Helms-Burton fue activado. Desde entonces, varios ciudadanos estadounidenses han iniciado demandas contra empresas extranjeras y estadounidenses por beneficiarse de propiedades que fueron nacionalizadas por el régimen cubano tras 1959.
Entre los casos más notorios se encuentra el de la familia Glen, que demandó a varias navieras. El caso es conocido como el de Havana Docks Corporation, y en él se demandó a varias líneas de cruceros, incluyendo Carnival y Royal Caribbean, por utilizar instalaciones portuarias en La Habana que fueron confiscadas en 1960.
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En 2022, un tribunal federal otorgó a la empresa $451 millones en daños y honorarios legales, aunque la decisión fue posteriormente revertida por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que cuestionó la validez del reclamo de propiedad debido a la expiración del contrato de concesión original.
Asimismo, los herederos de la familia Mata demandaron a American Airlines y Latam Airlines por utilizar el aeropuerto de Santiago de Cuba, que aseguran fue expropiado sin compensación.
Otro de los casos más destacados es el de Exxon Mobil, que demandó a corporaciones estatales cubanas, alegando que estas operan estaciones de servicio y refinerías en propiedades que fueron expropiadas a una subsidiaria de Exxon en 1960. El caso ha enfrentado desafíos jurisdiccionales relacionados con la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), y actualmente se encuentra en revisión por parte de la Corte Suprema de EE. UU.
Muchos de estos casos aún están en curso, y las cortes federales en Florida se han convertido en el epicentro de esta nueva ola de litigios relacionados con el embargo y los derechos de propiedad en Cuba.
