El debate migratorio en torno a los cubanos en Estados Unidos ha vuelto a ocupar titulares esta semana gracias a las acciones de dos abogados cubanoamericanos que marcan la diferencia desde la práctica diaria y a la intervención de un tercero que aporta un análisis profundo sobre la Ley de Ajuste Cubano, esa norma que ha definido por más de medio siglo la relación del exilio con la nación que lo acogió.
En Miami, el abogado Wilfredo Allen Jr. se ha convertido en una voz recurrente sobre la crisis que atraviesa la Corte de Inmigración del Downtown. Su despacho representa nada menos que 16,000 causas activas, la inmensa mayoría de cubanos.
En entrevista con la prensa local y en publicaciones en sus redes, Allen ha descrito un panorama de colapso: más de 312,000 casos pendientes, de los cuales un tercio corresponden a ciudadanos de la isla. La situación, dice, es “arbitraria e impredecible”.
El temor ya no se limita a perder un caso de asilo, sino a ser detenido en plena audiencia, como ocurrió en julio con dos de sus clientes que, aun teniendo expedientes sólidos y sin antecedentes penales, terminaron en un centro de detención migratoria.
“La gente está aterrada de ir a las audiencias”, explicó el abogado, al tiempo que reconoció que ha tenido que contratar más personal legal para enfrentar la avalancha de expedientes.
Su «caso» apareció en la prestigiosa revista The Economist, y la oficina dedicó un momento para agradecer, vía redes sociales, la exposición sobre el fenómeno, que constituye a su vez un reconocimiento a su labor.
«Estamos honrados de aparecer en esta prestigiosa revista, donde volvemos a poner sobre la mesa la realidad migratoria que enfrentan miles de familias cubanas,» dijo la oficina en su publicación.
A miles de kilómetros de allí, en San Antonio, Texas, la abogada Liudmila Armas Marcelo celebraba el triunfo de un caso de asilo que su firma defendió con éxito.
La noticia fue compartida con entusiasmo en sus redes y desató una ola de felicitaciones que habla no solo del impacto de su trabajo, sino de la esperanza que despiertan estas victorias en medio de un ambiente legal incierto.
“Más allá de la emoción de ganar un caso, está la satisfacción de ver el alivio de nuestra clienta al escuchar cómo la jueza daba el valor que realmente tenían su declaración escrita, la evidencia aportada en el expediente y la coherencia con la que respondió a todas las preguntas”, escribió Marcelo, quien aparece en la foto aquí debajo vestida de azul.
El reconocimiento de su equipo, en especial de su paralegal Yakelin Caraballo, subraya la dimensión colectiva de estos logros. Como advierte Armas, no todos los jueces valoran del mismo modo las evidencias ni interpretan la situación cubana con la misma rigurosidad, lo que convierte cada victoria en un hecho cargado de simbolismo, y el hecho de que haya ganado la demanda en Texas, un estado que no parece muy tolerante con la inmigración, da un matiz de sobredimensionamiento al éxito.
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Mientras Allen y Armas libran batallas en los tribunales, el abogado y analista Eloy Viera Cañive ha puesto la discusión en otro terreno: el del sentido histórico y político de la Ley de Ajuste Cubano.
En un extenso texto, Viera recordó que la norma, aprobada en 1966, nació como hija de la Guerra Fría y como herramienta de confrontación contra el castrismo, más que como una respuesta humanitaria. Su análisis desmonta la idea de que la ley surgió para atender una “crisis humanitaria” en la isla y señala, en cambio, que los primeros beneficiados fueron parte de un exilio dorado, con preparación y recursos, que buscaba refugio político tras el giro comunista en Cuba. “El espíritu de la Ley de Ajuste es mucho más político que humanitario”, afirma Viera, citando debates parlamentarios de la época y el interés estadounidense en proyectar la imagen de refugio para los perseguidos por el comunismo.
El abogado también alerta sobre un punto espinoso en la actualidad: la incoherencia de quienes solicitan asilo alegando persecución política y luego regresan a Cuba en plazos muy cortos. “Si quieres defender que la mentira es necesaria para entrar a Estados Unidos, entonces vive de acuerdo con esa mentira”, subrayó, aludiendo a que este comportamiento erosiona la credibilidad de toda la comunidad migrante.
El panorama, en suma, es complejo y refleja distintas dimensiones del exilio cubano en Estados Unidos. Están los abogados como Allen, lidiando con la arbitrariedad del sistema en cortes saturadas; los como Armas, que demuestran que con preparación y rigor aún es posible ganar; y los como Viera, que obligan a mirar hacia atrás y a reconocer que la Ley de Ajuste no es un simple salvavidas humanitario, sino el fruto de un contexto político específico cuya legitimidad hoy vuelve a estar en discusión.
El hecho de que estas tres voces coincidan en el debate público no es casualidad. La emigración cubana se encuentra en un momento de redefinición, con flujos masivos recientes, cuestionamientos políticos internos y una creciente presión externa sobre políticas migratorias en Washington. Que los abogados cubanos en el exilio sean noticia es, más que un detalle anecdótico, un síntoma de que las tensiones que rodean a la Ley de Ajuste Cubano —su aplicación, su vigencia y su coherencia ética— siguen marcando el pulso de una comunidad que nunca ha dejado de debatirse entre el recuerdo de la patria y la construcción de un futuro en libertad.
