El drama de los presos políticos en las cárceles de Cuba se ha intensificado en los últimos meses, evidenciando un sistema represivo que continúa violando los derechos humanos fundamentales.
A través de múltiples denuncias, se ha revelado la alarmante situación de reclusos que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021, y que hoy enfrentan condiciones inhumanas, maltratos y un deterioro progresivo de su salud en las prisiones del país.
Uno de los casos más desgarradores es el de Roberto Pérez Fonseca, quien cumple una condena de 10 años en la prisión de Aguacate, en Quivicán.
Su hermano, Albert Fonse, ha denunciado en redes sociales que el gobierno cubano está intentando acabar con la vida de Pérez Fonseca a través de confinamientos prolongados en celdas de castigo y la negación de atención médica esencial.
Pérez Fonseca fue arrestado por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas y desde entonces ha sido sometido a un trato cruel e inhumano. Las condiciones en las que vive, junto con la falta de medicamentos para tratar sus úlceras estomacales y asma, han exacerbado su estado de salud, colocándolo en una situación crítica.
El abuso y la represión no son exclusivos de Pérez Fonseca. Lázaro Jesús Valdez González-Fune, otro preso político encarcelado en el Combinado del Este en La Habana, enfrenta un grave deterioro de su salud debido a la falta de insulina para tratar su diabetes.
Valdez González-Fune, condenado a cinco años de prisión, ha perdido casi por completo la visión como resultado de la negligencia médica en el penal. Su familia ha denunciado repetidamente las deplorables condiciones en las que se encuentra, pero las autoridades han hecho caso omiso de sus súplicas, según recogía en Twitter el activistas cubano Marcel Valdés.

Régimen muestra un patrón sistemático de maltrato hacia los presos políticos en Cuba
Estas historias individuales reflejan un patrón sistemático de maltrato hacia los presos políticos en Cuba.
La situación en las cárceles del país ha sido denunciada no solo por familiares y activistas, sino también por organismos internacionales.
Un informe reciente adoptado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, Tomoya Obokata, expone el uso de trabajo forzoso en las prisiones cubanas, una práctica que afecta especialmente a los presos de conciencia y políticos.
Según el informe, estos reclusos son obligados a realizar trabajos agotadores, como la producción de carbón vegetal y el corte de caña de azúcar, bajo condiciones extremadamente duras y sin ningún tipo de compensación.
La situación en las cárceles cubanas se ve agravada por la escasez de recursos básicos, incluyendo alimentos, medicinas y productos de higiene.
En la prisión de Guanajay, en Artemisa, tres presos políticos denunciaron las condiciones de hacinamiento y la falta de atención médica.
Según estos testimonios, recogidos en una nota publicada por Martí Noticias, 54 presos son obligados a convivir en un espacio reducido, infestados de cucarachas, chinches y ratas. La comida es escasa y de mala calidad, lo que ha provocado un deterioro en la salud de los reclusos.
Algunos de los presos recluidos en Guanajay. Foto: Albert Fonse / Facebook




El caso de los hermanos Luis Miguel y Felipe Octavio Correa Martínez, encarcelados por su participación en las manifestaciones de Caimanera, es otro ejemplo de la crueldad del sistema penitenciario cubano.
Luis Miguel, condenado a siete años de prisión, ha tenido que asumir la protección de su hermano menor, Felipe Octavio, quien sufre de discapacidad intelectual y convulsiones. Ambos han sido objeto de maltratos tanto por parte de los guardias como de otros reclusos. La madre de los hermanos ha denunciado la falta de medicinas y la precaria alimentación en la prisión de Guantánamo, donde están recluidos.
A pesar de las constantes denuncias, el régimen cubano sigue sin tomar medidas efectivas para mejorar las condiciones en sus cárceles. El sistema judicial, subordinado al poder político, niega sistemáticamente los beneficios legales a los presos políticos, como el cambio de régimen o la excarcelación anticipada.
Esta situación ha generado críticas tanto dentro como fuera de la isla, pero la respuesta de la comunidad internacional ha sido limitada, lo que perpetúa la impunidad del régimen.
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