El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó el 24 de diciembre de 2025 que, desde la entrada en vigor de la Ley Laken Riley y el inicio del nuevo mandato presidencial, se han arrestado y detenido más de 17.500 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que, según la agencia, encajan en los supuestos de detención obligatoria establecidos por esa norma. La cifra fue amplificada en medios estadounidenses y reactivó un debate político que, por estos días, se mezcla con historias individuales de detenidos presentados como ejemplos del alcance del operativo.
Entre los casos difundidos por el DHS y replicados por la prensa aparece al menos un par de ciudadanos de origen cubano: Sergio Luis Hernandez Gonzalez y Yorisane Lazo. En el recuento divulgado, Hernandez Gonzalez es descrito con un historial amplio de condenas, incluyendo cargos como hurto, robo, allanamiento y venta de cocaína, mientras que Lazo es presentada como condenada por homicidio intencional con arma, además de robo y asalto callejero con violencia. La formulación y los cargos se repiten casi de manera literal en la cadena de publicaciones que siguió al anuncio oficial, desde el comunicado institucional hasta notas en medios locales como KWTX.
El DHS enmarca estas detenciones dentro de la aplicación de la Ley Laken Riley, una legislación que, según la propia agencia y coberturas estadounidenses, exige la detención federal de inmigrantes indocumentados acusados de delitos como robo, allanamiento, agresión a oficiales y cualquier crimen que cause muerte o lesiones graves. El nombre de la ley remite al caso de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia asesinada, y que el DHS utiliza como símbolo para justificar un endurecimiento de la política de detención y deportación.
La comunicación oficial también destaca la culminación de la Operación Angel’s Honor, un operativo nacional de 14 días encabezado por ICE y vinculado a esa misma narrativa, que habría dejado 1.030 arrestos de “criminal illegal aliens”, en palabras del gobierno.
Más allá de la propaganda y la política, la noticia deja un dato duro y una pregunta abierta. El dato es que el gobierno estadounidense está comunicando resultados con números redondos y casos seleccionados para sostener una línea de mano dura. La pregunta, que queda fuera de los comunicados y apenas asoma en redes, es qué ocurre después con cada historia: qué procesos judiciales o migratorios se activan y cuánto de lo contado responde a expedientes completos y cuánto a la necesidad de construir un mensaje público.
