El nombre de Leandro Miguel González Pérez vuelve a circular fuera de los canales oficiales cubanos, esta vez no por un operativo represivo ni por un acto de “mérito revolucionario”, sino por un rumor que ha provocado indignación y sarcasmo a partes iguales: el agente de la Seguridad del Estado en Santa Clara estaría realizando gestiones para emigrar a España. El dato, difundido en redes y confirmado por activistas en el exilio a DDC, coloca bajo una luz incómoda a un funcionario conocido por su papel directo en la represión contra la disidencia.
González Pérez fue identificado públicamente en junio de 2022 tras protagonizar la detención violenta de la activista Saily González Velázquez, a quien inmovilizó por el cuello mientras ella transmitía en directo desde su teléfono móvil.
Las imágenes circularon ampliamente y se convirtieron en una de las escenas más explícitas de la represión cotidiana ejercida por el aparato de Seguridad del Estado contra voces críticas. A partir de ese episodio, organizaciones de asesoría legal y derechos humanos documentaron su identidad y su pertenencia a los órganos de contrainteligencia del Ministerio del Interior en Villa Clara.
Lejos de enfrentar consecuencias, González Pérez fue luego promovido simbólicamente por el sistema. Su nombre apareció en las boletas de candidatos a delegado de circunscripción en Santa Clara, acompañado de una biografía oficial que lo presentaba como joven ejemplar, graduado en contrainteligencia y acreedor de varias condecoraciones por “servicio distinguido”. Para activistas y familiares de presos políticos, aquella nominación fue leída como una señal clara: la violencia ejercida contra opositores no solo no se castiga, sino que se premia.
El giro actual añade otra capa al caso. Según denuncias públicas, el mismo funcionario que participó en arrestos arbitrarios y actos de hostigamiento estaría tramitando su salida del país con destino a España, uno de los principales receptores de emigrantes cubanos en los últimos años. La posibilidad de que un agente represivo aspire a instalarse en una democracia europea, beneficiarse de derechos civiles y rehacer su vida lejos del sistema que defendió con fuerza física, ha generado rechazo entre quienes fueron víctimas directas de su actuación.
La situación no es inédita. En los últimos años, múltiples funcionarios y cuadros medios del Estado cubano han emigrado silenciosamente, aprovechando vías legales que el propio régimen facilita a quienes gozan de “confianza política”. El contraste entre el discurso oficial contra el “capitalismo” y la práctica de quienes lo combaten desde dentro es cada vez más difícil de disimular.
En el caso de González Pérez, la controversia no gira solo en torno a si logrará marcharse, sino a la ausencia total de rendición de cuentas por los hechos documentados. Para muchos, la pregunta es simple: ¿qué pasa cuando quienes reprimen también hacen las maletas?
