Una denuncia difundida en redes sociales y amplificada por la página Nio Reportando un Crimen volvió a colocar en el centro del debate el papel real de las mipymes en Cuba y su relación con el poder político. A partir de una investigación publicada por el medio independiente La Tijera, la acusación sostiene que una parte significativa de estas entidades, lejos de operar como emprendimientos privados autónomos, estaría funcionando como engranaje auxiliar del Estado cubano y de su aparato económico-militar, asumiendo tareas que el Gobierno no puede ejecutar de forma directa sin exponerse.
El trabajo de La Tijera cuestiona de manera frontal la narrativa oficial que presenta a las mipymes como prueba de una apertura económica. Según la investigación, muchos de los llamados “emprendedores exitosos” no habrían llegado a esa posición por iniciativa propia ni por competencia en un mercado libre, sino gracias a privilegios políticos, vínculos familiares con altos cargos y acceso preferencial a sectores estratégicos de la economía. Como ejemplo, el reportaje menciona a Daniel Abner Ramírez, presentado en medios oficiales como empresario modelo, pero señalado en la denuncia como beneficiario directo de relaciones con la cúpula del poder.
De acuerdo con La Tijera, Daniel Abner Ramírez es propietario de la empresa PRODANCO Pinturas, dedicada a la producción y comercialización de pinturas y disolventes, un sector que difícilmente podría operar sin autorización y respaldo estatal. La investigación añade que Abner mantiene la capacidad de viajar con frecuencia a Estados Unidos y otros países, un privilegio limitado en la práctica a personas favorecidas por el sistema. Además, lo vincula familiarmente con un general del régimen relacionado con el conglomerado militar GAESA, estructura que controla amplios sectores de la economía cubana.
La denuncia va más allá del plano empresarial. Según La Tijera, Daniel Abner Ramírez habría participado en el financiamiento de propaganda gráfica favorable al Gobierno cubano, tanto dentro como fuera del país, incluso en territorio estadounidense. El entramado familiar señalado incluye también a José Gabriel Ramírez Cal, descrito como testaferro mediático del régimen y protagonista de un intento fallido de emigración a Estados Unidos tras denuncias públicas en redes sociales.
Este señalamiento se inserta en un contexto más amplio de cuestionamientos al rol de las mipymes como actores políticos de facto. En ese mismo marco, una investigación publicada por el medio elTOQUE aportó nuevos elementos al debate al analizar el surgimiento de pulsoCUP, una página web que comenzó a circular desde principios de noviembre de 2025 como supuesta referencia alternativa para la tasa informal de cambio de divisas en Cuba.
ElTOQUE documentó que pulsoCUP se presentaba como una plataforma automatizada que calculaba en tiempo real los valores del mercado informal, pero que en la práctica permitía la edición manual de las tasas a través de un panel de administrador. La investigación identificó al informático Cristino Leyva Camejo, graduado de la Universidad de Holguín, como desarrollador del sitio, a partir de datos contenidos en el código del proyecto y en un repositorio de GitHub asociado al usuario Camejotino.
La promoción inicial de pulsoCUP en redes sociales no fue aleatoria. ElTOQUE señaló que las primeras publicaciones públicas estuvieron a cargo de Harlem del Toro, presidente de la mipyme Cuántico Surl, una empresa de servicios informáticos con sedes en La Habana y Holguín, aprobada en el primer grupo de mipymes autorizadas en 2021 por el Ministerio de Economía y Planificación. Del Toro comparó de forma elogiosa pulsoCUP con la Tasa Representativa del Mercado Informal publicada por elTOQUE, calificando a esta última de “manipuladora”.
A partir de esa primera mención, la difusión de pulsoCUP fue amplificada por perfiles directamente vinculados a Cuántico Surl. Entre ellos, Yunior Sánchez Arias, identificado en redes como parte del equipo de la empresa y firmante de contratos con entidades estatales; Adrián Álvarez, quien se presenta como especialista en sistemas y desarrollador en Cuántico; y Juan Karlos Ávila Danger, también asociado a la mipyme. El propio Cristino Leyva Camejo compartió la promoción del sitio en el mismo intervalo de tiempo.
ElTOQUE documentó además que varios de los perfiles que impulsaron pulsoCUP presentaban características atípicas, como identidades restringidas, uso de imágenes generadas por inteligencia artificial o anonimato, y que algunos mensajes incluían consignas como “Abajo el Toque”, una línea discursiva coincidente con ataques promovidos desde sectores oficialistas en semanas previas. La investigación también señaló que Cuántico Surl y sus directivos mantienen relaciones frecuentes con instituciones estatales, como el Banco Metropolitano, el Centro de Genética Médica y el hospital Cira García, una instalación altamente controlada por el Gobierno cubano.
En conjunto, estas investigaciones y denuncias alimentan una lectura cada vez más extendida en redes sociales: que determinadas mipymes y mipymeros estarían asumiendo funciones que el Estado no puede ejecutar abiertamente, ya sea en la creación de narrativas económicas, en la promoción de herramientas alineadas con intereses oficiales o en la legitimación externa de un modelo que, según los críticos, sigue siendo centralizado y controlado por la élite política y militar.
Hasta el momento, no existen pronunciamientos oficiales que refuten de manera documentada estas acusaciones ni explicaciones públicas que aclaren los vínculos reales entre estas empresas privadas, sus directivos y las estructuras estatales. Mientras tanto, la discusión continúa desplazándose del plano económico al político, con una pregunta de fondo que sigue abierta: hasta qué punto las mipymes en Cuba operan como iniciativa privada real o como intermediarios convenientes de un Estado que externaliza, en manos privadas, parte de su control y de su propaganda.
