La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero una ley de amnistía general, que beneficiaría a cientos de presos políticos que aún están privados de su libertad en el país, así como la reconversión de la cárcel El Helicoide.
Según aseguró Rodríguez, el expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, “con quienes tenemos intercambios”, tuvieron que ver con esta decisión.
La medida, que según la mandataria pretende “favorecer la convivencia” borrando las causas judiciales de cientos de detenidos, será presentada y debatida en la Asamblea Nacional la próxima semana y excluirá a personas condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violación a los derechos humanos.
“Pido que no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz en Venezuela”, dijo sobre una la medida que regiría en casos “desde 1999 al presente”.
A todas luces presionada por la Administración de Donald Trump, que lideró la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Rodríguez afirmó, además, que El Helicoide, una de las cárceles más temidas de la represión chavista, considerada la “Villa Marista (centro de represión y sede de la Seguridad del Estados cubano) de Venezuela”, dejará de ser un centro de detención.
“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.
Ubicado en el centro-sur de Caracas, El Helicoide ha sido denunciado como un centro de torturas, marcado por el hacinamiento, la falta de condiciones de salubridad, las extorsiones y otros tipos de abuso.
“Que la justicia traiga tranquilidad y estabilidad a Venezuela”, pidió Rodríguez.
De acuerdo con el registro de la organización como Foro Penal, desde que el gobierno de Venezuela anunció que liberaría a “un número importante” de presos políticos hasta el pasado jueves al menos 302 personas han salido de prisión.
“La cifra se mantiene alejada de las más de 800 reportadas por las autoridades”, reportó CNN, en tanto el gobierno no publicado hasta el momento un listado oficial con las identidades.
Tras conocerse la noticia de una amnistía, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, expresó en X que la misma “es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política”.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dejó claro que la ley de amnistía general propuesta por Rodríguez es “producto de la presión real” de Washington y que espera que se haga realidad.
“Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela, puedan estar con su familia muy pronto”, señaló sobre algo que “obviamente” el régimen venezolano no ha querido hacer “voluntariamente”.
“Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición”, añadió Machado al resaltar que es imposible que “una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad”.
Sobre la misma cuerda, varias ONGs han destacado que una amnistía no debe ser concebida como un perdón o una medida de gracia de parte del Estado, ya que se trata de liberar personas que fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos humanos.
