La reciente decisión de una jueza federal en Boston de suspender temporalmente la revocación del parole humanitario ha sido recibida como un alivio por miles de cubanos que temían quedar en un limbo migratorio. Sin embargo, no todos tienen motivos para celebrar. Para muchos, esta medida ha llegado como una cachetada de realidad: estos cubanos presentaron un asilo político frívolo, sin necesidad real, y ahora podrían verse en apuros.
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En los últimos meses, la incertidumbre provocada por el fin abrupto del programa de parole humanitario —ordenado por la administración de Donald Trump— llevó a que miles de cubanos con menos de un año en Estados Unidos se apresuraran a presentar solicitudes de asilo. Lo hicieron movidos por el miedo, el desconocimiento… o por recomendaciones poco fundamentadas. Lo irónico es que muchos de ellos no necesitaban esa vía. Peor aún es saber que hubo «ilustres abogados» que les aconsejaron que lo hicieran.
“Ahora están marcados en el sistema con una solicitud de asilo que nunca debieron haber presentado. Y lo peor: pagaron entre 3.000 y 4.000 dólares a abogados que sabían que no la necesitaban si simplemente esperaban al año y un día para aplicar al ajuste cubano”, explicó vía chat Liudmila Armas Marcelo, de la oficina Law Office of Liudmila A. Marcelo, PA, abogada de inmigración radicada en Florida, quien lleva meses alertando sobre esta práctica.
En efecto, bajo la Ley de Ajuste Cubano, los beneficiarios del parole pueden optar a la residencia permanente tras cumplir un año y un día de presencia física en EE.UU. No necesitan demostrar persecución política ni pasar por el riguroso proceso de asilo. Solo deben esperar, mantener su estatus legal y aplicar a tiempo. Pero muchos no lo hicieron.
“La desesperación llevó a muchos a caer en lo que ya se conoce como el ‘asilo Mickey Mouse’: solicitudes débiles, sin pruebas ni fundamentos reales, hechas solo para ganar tiempo o conservar el permiso de trabajo”, dijo el abogado Wilfredo Allen a inicios de abril. “Es mejor no presentar un caso frívolo, porque eso puede tener consecuencias graves”.
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Y esas consecuencias ya se están manifestando. Como explicó la abogada antes citada, aunque los solicitantes pueden cancelar sus peticiones de asilo ante USCIS, estas quedan registradas en el historial migratorio. Peor aún: si un oficial decide llamar a entrevista antes del 24 de abril —fecha en la que supuestamente expiraría el parole revocado—, podrían enfrentarse a un procedimiento donde se determine que mintieron, con todo lo que eso implica: denegación del asilo, pérdida de credibilidad y limitaciones para futuras gestiones migratorias.
“Yo dije que no lo hicieran, que esperaran, pero muchos prefirieron pagar por un expediente express creyendo que era lo más seguro. Ahora están atrapados en un proceso que no solo no necesitaban, sino que les puede salir caro en más de un sentido”, lamentó la experta.
Lo más preocupante, sin embargo, es que una parte considerable de los solicitantes no actuó bajo el asesoramiento de abogados especializados, ni siquiera buscó una segunda opinión profesional. En su lugar, tomaron decisiones determinantes para su futuro migratorio siguiendo los consejos de influencers y youtubers sin formación jurídica, pero con miles de seguidores en redes sociales.
Algunos de estos autodenominados “orientadores” llegaron incluso a lamentar públicamente que muchos cubanos con parole humanitario no se hubieran apresurado a presentar solicitudes de asilo, ignorando por completo los riesgos legales que esto implicaba. El resultado: cientos, tal vez miles de casos innecesarios, costosos y potencialmente perjudiciales, presentados al amparo de recomendaciones de figuras más expertas en algoritmos que en leyes de inmigración.
El caso de los padres de «Viviana», publicado por El País, ilustra otro tipo de cautela. El que actuaron con cautela y con raciocinio. Ellos llegaron por parole humanitario desde Sancti Spíritus con la ilusión de reencontrarse con su hija y conocer a sus nietas. Cuando se enteraron de que el programa había sido eliminado, les recomendaron solicitar asilo, pero Viviana se negó. “¿Con qué base vamos a hacerlo? ¿Con qué pruebas? No tengo ni los 4.000 dólares que cobran los abogados”, dijo. “Vamos a correr el riesgo, pero no voy a mentir”.
Aunque el fallo de la jueza Indira Talwani ha puesto una pausa en la revocación del parole, el gobierno podría apelar en cualquier momento. La incertidumbre sigue. Pero una cosa está clara: los que optaron por el camino más costoso y menos necesario están ahora en una situación más delicada que los que, con paciencia, decidieron esperar.
La administración Trump, como es de esperar, apelará el fallo de la jueza Talwani ante una corte de circuito, y no se descarta que el caso llegue eventualmente hasta la Corte Suprema. Ese proceso tomará tiempo, y justamente ese tiempo —lento, técnico, judicial— será un recurso valioso para los cubanos beneficiados con el parole. Cada día que pasa los acerca más al umbral del año y un día que les permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y solicitar la residencia permanente. Por su parte, ciudadanos de otras nacionalidades que llegaron con el mismo programa, y que no cuentan con un mecanismo legal tan favorable como el ajuste cubano, al menos ganarán margen para replantearse su situación: si buscarán otra vía migratoria, si se acogerán a una forma de protección, o si, sencillamente, decidirán regresar.
Mientras “el palo va y viene”, como se dice en buen cubano, quienes apostaron por el apuro y no por la estrategia podrían estar a punto de pagar el precio de la improvisación.
