La principal fuente de ingresos en los últimos años del gobierno cubano es la explotación laboral de numerosos trabajadores del campo de la salud, principalmente médicos, entrenadores deportivos, músicos, arquitectos, y empleados de cruceros de lujo como marineros y camareros, según los 1 111 testimonios reunidos por la ONG Prisioner Defenders, que reporta ganancias de más de 8 000 millones de dólares anuales por concepto de “colaboración internacional” y “solidaridad” con otras naciones.
La entidad, con apoyo de otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y un grupo de eurodiputados, presentó esta semana una versión ampliada del caso a la Oficina de la ONU en Ginebra y a la Corte Penal Internacional (CPN), que inicialmente contaba con un centenar de testimonios, la mayoría de personas que piden el anonimato por temor a las consecuencias que esto pueda traer a sus familiares aun residentes en Cuba. Esta cifra de testigos protegidos asciende ahora a 900.
Aunque el personal de la salud pública protagoniza esta denuncia por esclavitud moderna, en esta nueva presentación se suman los testimonios de cubanos que laboran en la compañía Malta Seafarers Company, una de las mayores del mundo en el campo de los cruceros de lujo.
Apunta también que empresas como la Malta Seafarers “se convierten en extensión de la represión del régimen”, reteniéndoles los pasaportes, cuando tocan puerto, a sus trabajadores cubanos contratados de acuerdo con el gobierno de Díaz-Canel, e imponiéndoles multas de 10 000 dólares por “fugarse”.
El presidente de Prisioners Defenders, Javier Larrondo declaró al periódico español El Mundo que la empresa de cruceros asegura que “siguieron las orientaciones de los gobiernos, y así estaba en los contratos. ¿Dónde quedan los derechos humanos en Europa cuando haces caso al 100% lo que exige una dictadura? La situación es gravísima y nos apena tremendamente que no sea el gobierno cubano quien ejerza la esclavitud, sino que también haya empresas y otros gobiernos contribuyendo a todo esto”, alertó.
Todos los testimoniantes, que terminaron renunciando a las misiones y emigrando a otros países —tildados por esto como “desertores” por el gobierno—, sufren la aplicación de una legislación cubana que los castiga con la prohibición de visitar el país durante 8 años a partir de sus rupturas con su empleador y cobrador de sus salarios.
El 37% de estos todavía aún tiene a sus hijos residiendo en la isla, la mayoría menores de edad. Según este reporte de Prisioner Defenders, en esta situación se hallan actualmente entre 5 000 y 10 000 padres y madres cubanos, impedidos de ver a sus hijos.
Acorde las declaraciones de los profesionales entrevistados, las diferentes “misiones internacionalistas” que las autoridades cubanas promueven como acciones desinteresadas para ayudar a países amigos necesitados de estos servicios, sobre todo de salud, implican un descuento de entre el 70% y el 90% del pago que estos gobiernos deberían hacer directamente a una cantidad total que oscila entre 50 000 y 100 000 trabajadores, 35 000 de ellos médicos.
El Estado cubano opera como intermediario y cobra los montos totales, para luego depositar los exiguos 30%, 20% o 10% en las cuentas de los profesionales, de las que estos disponen de manera limitada hasta que finalicen sus diferentes contratos, y puedan entonces emplearlas para satisfacer necesidades y algunos “lujos” como televisores, muebles, ropa, quizás automóviles que les vende el propio gobierno en Cuba a precios excesivos.
Prisioner Defenders declara en el informe que las “atrocidades que se reflejan no se realizan solo en Cuba, aunque también, sino en más de 100 países que son firmantes y han ratificado convenios y protocolos de la ONU de plena aplicación. Se trata de un drama humano mediante el cual, amparado siempre bajo convenios de tipo mercantil entre el gobierno de Cuba y terceros países o empresas de ellos, se coacciona a los profesionales cubanos a abandonar a sus familias durante años y sufrir gravísimas violaciones de sus derechos como humanos, para extraer durante ese tiempo la gran mayoría de sus salarios”, señala la organización.
