La joven Daichel Santiesteban Borrue, de 26 años, sobrevivió a un ataque con arma blanca perpetrado presuntamente por su expareja en Güines, Mayabeque, convirtiéndose así en la más reciente sobreviviente a un ataque relacionado con la violencia de género en Cuba.
Según el testimonio de su familia, el agresor —identificado como Yordano Cordoví Kindelán, de 35 años— continúa prófugo, pese a que el hecho ocurrió hace varias semanas y a que existen amenazas de reincidencia. La víctima se recupera de heridas en el cuello y otras partes del cuerpo y permanece bajo cuidados médicos, mientras sus allegados piden colaboración ciudadana y una respuesta más diligente de las autoridades para prevenir nuevas agresiones.
La noticia fue dada a conocer por el influencer Niover Licea, quien a través de su publicación posteó fotos tanto del agresor, como de la víctima.
El caso se suma a otros episodios recientes de extrema violencia de género en Cuba en los que, afortunadamente, las mujeres sobrevivieron, aunque desafortunadamente son los menos.
Según los hechos que hemos documentado en nuestra plataforma y en otras, el 2 de octubre, en Ciego de Ávila, la Policía Nacional Revolucionaria irrumpió en una vivienda para detener a un hombre que había atacado violentamente a su expareja delante de sus hijos y se había atrincherado; la intervención evitó que el hecho escalara a feminicidio.
Días antes, el 18 de septiembre, una trabajadora de la salud en Matanzas fue herida por su expareja dentro del hospital ginecobstétrico donde laboraba, según la denuncia recogida por Cubanet Noticias. La dirección provincial de salud confirmó que el atacante fue detenido con apoyo de la policía y que la mujer quedó hospitalizada.
También en las últimas horas, trascendió otro intento de homicidio en Mayabeque: un hombre, identificado por medios independientes como Pedro Antonio Tadeus, habría tratado de matar a su ex pareja Erika Labañino Fraga; según las fuentes citadas, el agresor sería reincidente en este tipo de delitos. La víctima sobrevivió y el caso activó nuevos reclamos de protección y justicia.
Estas agresiones ocurren en un contexto de violencia machista que, de acuerdo con los registros de las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas —difundidos por agencias internacionales—, ha dejado un saldo mortal creciente en 2025: a la fecha de hoy, 9 de octubre, los feminicidios verificados ascendían a 35, aunque existen otros que aún se están verificando, como es el caso – por ejemplo – de una mujer en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey, el pasado 24 de septiembre. Aunque el foco de esta nota está en mujeres que salvaron la vida, las cifras ayudan a dimensionar la urgencia de medidas preventivas, atención temprana y protección efectiva para víctimas con denuncias, órdenes de alejamiento o antecedentes de amenazas.
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La conversación pública también da pistas sobre vacíos institucionales en la mayoría de los casos. En los comentarios de la denuncia sobre Daichel Santiesteban, abundan llamadas a reforzar la respuesta policial, a evitar que casos con denuncias previas queden sin seguimiento, y a proteger a la víctima y su entorno mientras el agresor está en fuga. En los otros episodios recientes —Ciego de Ávila y Matanzas— hubo actuaciones policiales más rápidas, pero los relatos insisten en que la prevención llegó tarde: hubo señales previas, historial de violencia o ruptura conflictiva que no se tradujeron a tiempo en medidas cautelares eficaces.
No todos los intentos de feminicidio se registran oficialmente. Organizaciones y medios independientes hablan de subregistro, y de intentos que no pasan a la estadística penal como tales. Algunas compilaciones públicas mencionan, además de los feminicidios consumados, intentos documentados en lo que va de año, lo que refuerza la necesidad de datos abiertos y protocolos claros de alerta temprana, acompañamiento legal y refugio.
Mientras Daichel Santiesteban Borrue continúa su recuperación, la prioridad —coinciden activistas y especialistas— es cortar el ciclo de violencia: localización y captura del agresor prófugo, evaluación de riesgo para la víctima y su familia, y acceso a asistencia médica, psicológica y legal. Los casos recientes demuestran que la diferencia entre la vida y la muerte suele estar en la rapidez de la respuesta y en la existencia de mecanismos de protección que funcionen cuando más se necesitan.
