Juan Carlos Hernández Mora, un cubano con ciudadanía alemana, terminó preso en la isla tras repatriarse después de vivir 12 años en Alemania, donde trabajó como profesor de salsa.
Al volver a su isla natal, según declaró a Martí Noticias, perdió su libertad, lo que invirtió en su negocio y su casa, luego de ser arrestado en 2019 y condenado en 2020 a 12 años de prisión por los delitos de proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico, cargos que considera injustos.
Tras un juicio celebrado a puertas cerradas, el cubano, que en 2008 regresó a su tierra natal y compró una casa colonial en el centro de Trinidad, en Sancti Spíritus, la cual convirtió en un hostal sobre todo para turistas europeos, obtuvo su libertad condicional en 2024, pero no podrá salir del país hasta 2030.
“Extrañaba mi país, mis costumbres. Como traía capital y sabía cómo sobrevivir, pensé que también podría hacerlo en Cuba”, dijo el hombre de 52 años sobre sus razones para volver, algo de lo que se arrepiente “profundamente”.
Hay que recordar que la repatriación es un proceso que permite a los emigrados recuperar derechos como la residencia permanente, la propiedad y el acceso a servicios básicos; en tanto el proxenetismo, es decir, el facilitar la prostitución con fines de lucro, puede se penado en Cuba con hasta 30 años de cárcel en Cuba.
Varias personas más fueron arrestadas junto a Hernández Mora, incluida su esposa. Sin embargo, apuntó Martí Noticias, ninguna de las mujeres mencionadas en la sentencia admitió haber sido coaccionada para mantener relaciones con extranjeros.
El Estado confiscó la vivienda adquirida con capital propio y reubicó a su familia en un apartamento a las afueras de Trinidad.
“Sé que mucha gente dice que me merezco estar en Cuba. A mí eso no me ofende. No estaba suficientemente informado. Pensé que con los cambios de los que se hablaba en la prensa (propiedad de casas y autos; fin del permiso de salida) esto iba a cambiar. Estaba equivocado”, reconoció Hernández Mora.
Al respecto, Laritza Diversent, abogada cubana y directora de Cubalex, explicó que “es típico en Cuba el uso de sanciones penales para apropiarse de inmuebles de valor, sobre todo casas bien ubicadas que fueron reformadas para el turismo”.
Se trata de un patrón documentado desde los años noventa: se acusa a propietarios que rentan a extranjeros, de delitos graves como proxenetismo o enriquecimiento ilícito, con el objetivo de confiscar sus inmuebles y reasignarlos a funcionarios del Estado.
