Una operación conjunta del Departamento de Seguridad Pública de Texas y Homeland Security Investigations destapó en El Paso un esquema de trata y prostitución que, según documentos judiciales, captó a una migrante cubana recién llegada a Estados Unidos y la obligó a saldar con su cuerpo la “deuda” del trayecto desde la isla.
La investigación, de un año de duración, dejó al menos nueve detenidos y alcanzó a un abogado local, Mario Ortiz Saroldi, de 51 años, acusado de solicitar prostitución tras supuestamente pagar 850 dólares para tener relaciones sexuales con la víctima. El propio reporte de arresto describe traslados del letrado con la joven desde una vivienda en el este de la ciudad hacia hoteles donde ocurrieron los encuentros, algunos captados por cámaras de vigilancia.
El parte oficial de Texas DPS confirma la dimensión del operativo: varias detenciones vinculadas a trata de personas y prostitución en el oeste de Texas, con apoyo de HSI, tras un año de pesquisas. Aunque las autoridades no identifican a la víctima, sí precisan que la red funcionaba con lógicas típicas de explotación sexual: deudas infladas, control de movimientos y pagos triangulados.
Medios locales detallan que el dinero de al menos una de las transacciones habría sido transferido a Yasiel Rodríguez-Amaro, de 31 años, y Katherine Ventura-Amaro, de 37, residentes de El Paso a quienes se les vincula como parte de la coordinación del esquema. La cobertura del El Paso Times y de KFOX/KDBC, que accedieron a expedientes judiciales, sitúa los hechos entre mayo y finales de ese mes, periodo en el que Ortiz Saroldi se habría reunido en varias ocasiones con la víctima, una cubana que ingresó a Estados Unidos a inicios de 2024.
La acusación contra el abogado incluye el cargo estatal de solicitud de prostitución; el resto de los implicados enfrenta cargos que van desde la promoción y explotación de la prostitución hasta trata de personas, posesión de drogas y actividad criminal organizada. Las agencias adelantaron que el expediente continuará a nivel estatal y federal, mientras la víctima permanece bajo resguardo con asistencia legal y psicológica. En paralelo, la investigación sigue abierta para mapear el flujo de dinero y medir si existieron conexiones interestatales o internacionales en el reclutamiento de mujeres cubanas con fines de explotación.
El caso ha generado una rápida reacción pública en El Paso, donde organizaciones que acompañan a migrantes advierten desde hace años sobre el “peaje” de la deuda con los traficantes, un mecanismo que transforma la vulnerabilidad en servidumbre. La narrativa que emerge del sumario —una mujer sin redes de apoyo, presionada a “pagar” mediante sexo— coincide con patrones que las autoridades federales han documentado en la frontera.
Aunque por ahora rige la presunción de inocencia para los detenidos, los indicios descritos en las declaraciones juradas apuntan a un funcionamiento sostenido de la red, con roles definidos y uso de hoteles, intermediarios y transferencias para ocultar beneficios.
