El frente judicial e inmigratorio de Estados Unidos volvió a cruzarse esta semana en el mismo punto: el control de los límites legales de la ofensiva migratoria.
Un juez federal descalificó al fiscal interino en el distrito central de California por haber ejercido el cargo de forma “ilegal”, al exceder los 120 días sin confirmación del Senado. La decisión, que afecta a Bilal Essayli en Los Ángeles, no tumba las imputaciones tramitadas bajo su mandato, pero sí cuestiona el método con el que la Casa Blanca ha cubierto puestos clave. Más allá del tecnicismo, el fallo abre una grieta en la arquitectura jurídica que respalda operativos de alto impacto, incluidas causas vinculadas a inmigración en el distrito más poblado del país, señala la agencia Reuters.
En paralelo, otro tribunal extendió una orden que prohíbe despidos masivos de empleados federales durante el cierre del gobierno.
La administración había insinuado recortes como herramienta de presión política; la jueza Susan Illston frenó esa vía de facto. En términos prácticos, la medida preserva plantillas en agencias que sostienen la política migratoria —incluida ICE— en un momento de tensión operativa, y obliga al Ejecutivo a encontrar soluciones presupuestarias sin desmantelar equipos en medio de redadas y traslados, destaca. Politico.
El otro lado del tablero se juega en Chicago, laboratorio del nuevo enfoque. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, que encabeza allí un operativo para endurecer detenciones, deberá reportar a diario a una jueza federal por posibles excesos en el uso de la fuerza y tácticas contra civiles y prensa.
La orden impone cámara corporal, identificación visible y partes de fuerza diarios desde inicios de septiembre. Para ICE, que coordina y recibe derivaciones de esas acciones, el mensaje es claro: la expansión de facultades no exime del escrutinio judicial sobre procedimientos y garantías.
A la vez, la Casa Blanca mueve fichas internas: un remezón de liderazgo en ICE está desplazando a directores de campo e incluso baraja sustituir mandos con cuadros de la Patrulla Fronteriza para acelerar arrestos y deportaciones.
La reorganización busca imprimir velocidad a la maquinaria, pero evidencia fricciones dentro de Seguridad Nacional y plantea dudas sobre continuidad, rendición de cuentas y pericia administrativa en cada jurisdicción. Si Chicago muestra el pulso de la calle, estos cambios marcan el pulso del back office que decide prioridades, métricas y umbrales de uso de la fuerza. El equilibrio, por ahora, lo impone el juez: más poder operativo, sí, pero sujeto a reglas claras y con la bitácora abierta, señaló por su parte Axios.
