Los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar aplaudieron este jueves 29 de enero de 2026 la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que declara una emergencia nacional respecto a Cuba y habilita a Washington a imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla. La decisión sostiene que las políticas del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y enmarca la medida dentro de un endurecimiento de la presión económica en un momento de crisis energética y apagones prolongados en Cuba.
El decreto establece un mecanismo para gravar importaciones procedentes de países que “vendan o proporcionen” petróleo a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta. Según el esquema descrito, el secretario de Comercio quedará encargado de identificar a los países involucrados, mientras que el secretario de Estado participará en la decisión sobre la magnitud de los aranceles, en consulta con otras agencias, con posibilidad de ajustes si hay represalias o cambia el escenario geopolítico. La entrada en vigor fue fijada para el 30 de enero de 2026.
Giménez celebró la orden en X con un mensaje dirigido a su electorado: afirmó que la comunidad cubanoamericana está “eternamente agradecida” por una acción “decisiva” contra el régimen, y remató con “el fin está cerca”, presentando el corte del respaldo energético como un golpe directo a la capacidad de sostén del Gobierno en La Habana.
Díaz-Balart también reaccionó en X con un tono épico: agradeció a Trump por lo que llamó un paso crucial, reivindicó el enfoque “America First”, invocó la Doctrina Monroe y llegó a describir al mandatario como “el libertador del hemisferio occidental”.
María Elvira Salazar, por su parte, respaldó la medida y desplazó el foco hacia el exilio, pidiendo “no sostener más” al régimen: vinculó la presión política con el dinero que entra a la isla desde fuera y resumió el momento con una consigna: “Este es el año de la libertad de Cuba. Es ahora o nunca”.
Desde la misma tribuna donde los congresistas del sur de Florida celebraron el endurecimiento de las sanciones, la comisionada de Miami-Dade Natalie Milian Orbis advirtió que el régimen cubano enfrenta una presión sin precedentes y que ha llegado el momento de aplicar la ley “sin titubeos”. Sus declaraciones se produjeron en la sede del Directorio Democrático Cubano, en Miami, durante una conferencia de prensa en la que participaron Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, junto a activistas, organizaciones del exilio y funcionarios locales, en un acto que sirvió además para reclamar medidas adicionales como la suspensión total de los vuelos a Cuba y el fin del envío de remesas.
Milian Orbis fue aún más directa al afirmar que “Miami-Dade está cerrado para negocios” con la dictadura y que su tiempo “se acabó”, asegurando que la presión ya está generando reacciones visibles en La Habana. Como ejemplo, citó los ataques públicos del canciller Bruno Rodríguez contra las acciones de cumplimiento en Estados Unidos, lo que, a su juicio, confirma que la estrategia ha tocado nervios sensibles del poder. También recordó que desde la Comisión del Condado impulsó una resolución unánime para suspender licencias vinculadas a Cuba mientras se realizan auditorías federales, con el objetivo de impedir que fondos, bienes o servicios terminen beneficiando a empresas controladas por GAESA, subrayando que no se trata de un asunto partidista, sino moral.


















