El pasado martes 19 de agosto, el padre Gustavo Santos, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, fue sorprendido al regresar a los Estados Unidos desde un viaje al extranjero vía Londres: se le negó inesperadamente la entrada al país, a pesar de poseer una visa R‑1 para trabajadores religiosos vigente hasta noviembre de 2025, señalaron medios desde Miami.
El incidente dejó una huella inesperada: el padre Santos anunció su renuncia a su cargo actual en la parroquia St. John Neumann en Miami-Dade y su traslado a una nueva asignación, sin informar detalles sobre un posible destino futuro. La comunidad parroquial, impactada por la noticia, lamentó profundamente su salida y destacó su entrega pastoral.
La Arquidiócesis calificó el episodio como una acción “injusta y repentina” y actuó inmediatamente. Gracias a la intervención del arzobispo Thomas Wenski y el apoyo legal brindado por Catholic Legal Services, el caso fue presentado ante un juez federal. Poco después, U.S. Customs and Border Protection (CBP) reconsideró su decisión y permitió el reingreso del padre Santos, según señala ahora la Arquidiócesis en un comunicado
En una reacción a la resolución, la Arquidiócesis expresó su agradecimiento por la pronta solución y dio la bienvenida al sacerdote de vuelta a su ministerio, aunque no se detalló si se tomarían acciones adicionales contra las autoridades migratorias.
Desde medios como El Diario NY se denunció que, pese a tener toda la documentación en regla, a Santos se le detuvo al llegar al aeropuerto como si se tratara de un migrante irregular. La Arquidiócesis reaccionó con contundencia, denunciando el hecho como injusto y celebrado su liberación tras la revisión judicial.
Este caso refleja una realidad más amplia: aún personas con estatus legal vigente pueden encontrarse con decisiones migratorias arbitrarias, lo que genera inseguridad en comunidades religiosas y migrantes.
Lo sucedido deja una señal muy clara: latinos entrando a los EE.UU. con VISA, ¡ni con Dios de su lado! tienen garantizada la entrada.
