En Cuba, la violencia de género vuelve a irrumpir en la conversación pública con denuncias que destapan heridas viejas y nuevas. En los últimos días, perfiles ciudadanos en redes sociales han difundido relatos de agresiones letales o de extrema gravedad que, de confirmarse, dibujan un patrón conocido: mujeres atacadas, familias que reclaman respuestas y un sistema que, con demasiada frecuencia, llega tarde o no llega.
Una de esas denuncias apunta a Camagüey. Según la cuenta “nioreportandouncrimen”, una mujer identificada como María habría muerto tras una golpiza propinada por su esposo en la calle Padres Valencia.
El post describe que fue el delegado de la zona, junto a su hijo, quien la trasladó al hospital, y que el presunto agresor, Yunior Crespo, habría sido detenido y luego liberado. La publicación asegura que Medicina Legal atribuyó el deceso a los golpes. No hay, hasta ahora, parte oficial que confirme esos extremos, y por eso es clave subrayar que se trata de una denuncia en curso. Pero el testimonio de allegados, que reclaman justicia y transparencia, sí confirma el clima de dolor y desamparo que deja cada feminicidio.
Del otro lado del país, otra alerta llega desde Mayabeque. Vecinos de Quivicán relataron un “hecho de sangre” con varios lesionados, entre ellos una mujer mayor que habría sufrido la amputación de un miembro superior. El aviso —también difundido por “nioreportandouncrimen”— pide corroboración y más datos. La confirmación institucional es imprescindible, pero incluso en estado de “presunto”, la gravedad obliga: cuando la violencia alcanza ese nivel, la respuesta pública no puede ser el silencio administrativo.
En Bayamo, el hilo se conecta con un caso que estremeció a la ciudad en agosto: el asesinato de la contadora Iveth Aldana.
Esta semana circuló la versión —igualmente sin confirmación oficial— de que su expareja y presunto agresor, Roberto “el Nene”, habría muerto en prisión. La nota no compensa la ausencia de un relato judicial claro y oportuno sobre lo ocurrido. Si las instituciones callan, la ciudadanía llenará el vacío con conjeturas. Y cuando el vacío es sobre la vida y la muerte de una mujer, el daño es doble.
La impunidad —real o percibida— no nace de un día para otro. El periodista Yosmany Mayeta Labrada trajo de vuelta un expediente de 2000: Yixmara Osorio Garcés, de 16 años, asesinada a puñaladas frente a la Embajada de China en La Habana.
Su familia denuncia que el caso fue modificado de asesinato a homicidio, lo que redujo la pena a ocho años y permitió beneficios carcelarios tempranos para el agresor. Veinticinco años después, aquel reclamo persiste como un espejo incómodo: si entonces la justicia fue laxa, ¿qué garantías ofrece hoy?
En la publicación de Mayeta, a modo de comentarios, se conocieron además los testimonios ciudadanos de personas que se atrevieron a contar lo que la justicia oficial ignora.
Un hombre identificado como Jorge Omer relató que el caso de su padre, muerto tras una golpiza hace ya cuatro años, continúa abierto sin responsables conocidos. Otro usuario, Yunior Sánchez, denunció que el hermano de un teniente coronel violó a una niña y jamás fue preso.
Arniel Durán recordó cómo una rastra, conducida por un chofer ebrio, mató a ocho personas de su familia en la autopista de Palma a Santiago, y la sanción se limitó a siete años que, según sospecha, ni siquiera cumplió. Yurayma León Naranjo contó que el padre de su hija de cinco años murió en un accidente con un rastrero y, pese a la gravedad del hecho, no hubo condena alguna.
Margarita Heredia Daudinot expuso la incongruencia de que su hijo recibiera nueve años de cárcel mientras el verdadero responsable del disparo (por el que su hijo fue condenado) recibió seis años y ya goza de salidas extrapenales. Por último, Neydi Santiesteban Salas, aseguró que conoce de cerca un asesinato en el que, tras años de espera, nunca se identificó al culpable, el “asesinato perfecto” en sus palabras. Historias como estas, compartidas sin filtro ni respaldo institucional, retratan un país donde la justicia parece reservada solo para algunos casos selectivos, mientras la impunidad se convierte en norma para el resto.
Lo que une estas historias no es solo la violencia, sino la opacidad y el mal trabajo policial. Denuncias que no se confirman ni se desmienten; partes médicos y policiales que no se publican; juicios sin acceso para las víctimas; cifras que llegan tarde o no llegan, en un Estado que asegura protege a las mujeres.
