Nueva Gerona, Isla de la Juventud, quedó sacudida por un hecho que duele decir en voz alta: un bebé que estaba por cumplir dos años fue lanzado desde un segundo piso y, según relataron familiares en redes, se encuentra en terapia.
El suceso habría ocurrido la tarde-noche del 29 de septiembre en la calle 35, entre 26 y 28. Lo que empezó como un post desesperado —una familia avisando, pidiendo oraciones, contando la fecha de cumpleaños que se aproxima como un ancla de esperanza— se convirtió rápidamente en un torrente de comentarios: incredulidad, rabia, búsqueda de culpables y, sobre todo, una pregunta que se repite en distintos barrios del país cada vez que estalla un episodio así: ¿cómo llegamos aquí?
Las primeras versiones apuntan a un agresor con trastorno psiquiátrico cercano al entorno familiar. En paralelo, vecinos y usuarios trajeron a colación casos similares en otras provincias, casi siempre atravesados por la misma constante: desabastecimiento de psicofármacos, consultas espaciadas hasta el absurdo, seguimiento clínico intermitente y familias que, sin red, cargan a pulso con el cuidado de personas en crisis.
Entre las réplicas, muchos lo dijeron sin rodeos: “Los locos no tienen pastillas en Cuba”. Quienes matizan recuerdan que ni con medicación se puede “bajar la guardia”, pero ese matiz funciona mejor cuando el Estado garantiza tratamiento continuo, protocolos de visita domiciliaria, ingresos oportunos y, si hace falta, medidas de protección del entorno. Nada de eso está funcionando con mínima regularidad.
La grieta por donde se cuela la tragedia no es solo farmacológica. Es institucional. La indolencia de las autoridades cubanas aparece una vez más en casos como este, donde no faltan testigos que aseguran haber advertido antes comportamientos peligrosos sin obtener respuesta; o de otros que describen un déjà vu de trámites y negativas hasta que el conflicto estalla. La policía es rápida para silenciar quejas, dicen, pero lenta para prevenir. Y, entretanto, personajes con historiales de episodios violentos o descompensaciones severas siguen en libertad sin monitoreo ni plan de contención comunitaria. No es estigmatización: es gestión de riesgo, con responsabilidad clínica y derechos humanos a la vez.
A la falta crónica de haloperidol, carbamazepina, litio, antidepresivos y ansiolíticos —que dependen de importaciones, fondos y voluntad de priorización— se suma la precariedad de ambulancias, combustible y personal. Lo que en cualquier sistema debería ser “protocolo” acá se vuelve “milagro”. Las familias, agotadas, terminan expuestas a dos fracasos simultáneos: el sanitario y el social. Se les exige custodiar, medicar, contener y, si no pueden, se les juzga.
Este caso de Nueva Gerona, contado primero desde la desesperación y luego multiplicado por el país entero, es más que una noticia trágica. Es la radiografía de un Estado que dejó que la salud mental fuese terreno de la fe y la suerte, como también lo es el caso de Yordenis Torres Mendoza. Un caso que estalló – una vez más – en mayo de 2025, cuando activistas y vecinos contribuyeron al arresto de este joven por conductas violentas y crueldad extrema con animales, pero que reveló cómo el Estado ignoró señales de alarma vinculadas a salud mental hasta que el horror fue inocultable.
Si quieres conocer más sobre este caso, puedes leer Yordenis Torres Mendoza: ¿Monstruo o síntoma de un Estado que no atiende la salud mental ni protege a nadie?
