La prensa extranjera, radicada en la isla o no, parece haber salido del sopor de los últimos meses y, respondiendo a las señales de auxilio de la sociedad civil cubana y el emplazamiento hecho por centenares de activistas, familiares y amigos de presos políticos en Cuba, han comenzado a ejercer el papel para lo cual les pagan sus agencias.
Tal es el caso de Patrick Oppmann, corresponsal de CNN en La Habana, quien en un artículo aparecido este miércoles en el portal noticioso recoge varias historias de presos políticos y señala que esas personas que «se atrevieron a protestar en julio pasado,» enfrentan ahora «años de cárcel». CNN afirma en su nota que se ha comunicado con el gobierno, pero hasta el momento este ha declinado hacer comentarios.
Recoge declaraciones de Marbelis Vázquez Hernández, residente en Cárdenas, Matanzas, quien afirma que la mayoría de quienes protestaron ese día «lo que pedían era libertad».
Marbelis habla de que en la isla «“No había medicina, nada,» y añade que todo lo venden «en una moneda que la mayoría de los cubanos no tiene».
Marbelis es la esposa de Daniel Joel Cárdenas Díaz, el hombre que fue baleado dentro de su propia casa al momento de su arresto, por parte de un oficial de las Tropas Especiales de Boinas Negras. Daniel enfrenta actualmente una sentencia de 15 años en prisión, luego de haber sido juzgado y hallado culpable de sabotaje y desorden público.
“Esta gente no mató a nadie, no puso bombas”, dijo Vázquez. “Tiraron piedras y pidieron libertad, eso fue todo. Y los están condenando a más de 20 años de prisión”, expresa ella.
El destino de 790 personas
El pasado mes de enero, la Fiscalía General de la República anunció que dentro de los juicios efectuados o pendientes a efectuarse, hay 790 personas que enfrentan cargos más serios, relacionados con los delitos de «sedición, ataques violentos, robo y vandalismo.» La Oficina del Fiscal General dijo que las acusaciones de sedición se relacionaban «al nivel de violencia demostrado».
Entre esos, está un grupo de 20 holguineros que fueron condenados en la provincia de Holguín por cargos de sedición, mientras que otros cientos de personas esperan por sus veredictos, en otras provincias.
Los tribunales cubanos, a través del Ministerio Fiscal, han pedido hasta 20 años de prisión a un grupo de personas acusadas de participar en las protestas acontecidas en Cuba el pasado mes de julio., luego de que mles de personas se lanzaran a las calles en señal de protesta en varias ciudades de Cuba en los días 11 y 12 de julio.
Cientos fueron arrestados días después.
Grupos de Derechos Humanos y activistas coinciden en señalar que en algunos casos, el sistema judicial cubano ha empleado todo su poder para, amparados en lo sucedido el 11 de julio, reprimir los «ánimos» por el reclamo de los derechos humanos en la isla. En esa situación se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y tal vez una de las bujías inspiradoras del activismo en Cuba durante todo el año 2021. El pasado 11 de julio Luis Manuel salió de su casa y se dirigía hacia el Parque Central por una calle aledaña. Todavía los manifestantes habaneros no habían tomado el Paseo del Prado en la zona del Capitolio. Luis Manuel fue apresado sin siquiera haber formado parte de esa protesta masiva. Desde entonces está detenido y sin fecha de juicio, en una clara evidencia de cómo la represión, a través del sistema judicial de Cuba se usa rutinariamente para apagar el movimiento disidente en la isla.
Las autoridades cubanas nunca han reportado el número total de arrestos durante las protestas. Gracias a una plataforma como Justicia 11j y otros grupos, se conoce que existen alrededor de 1,300 arrestos relacionados con las protestas de ese día. Entre ellos hay jóvenes de 16 a 17 años.
Y si bien estos enfrentan penas más cortas debido a su edad, de 5 y 6 años de libertad limitada, otros, como Yosvany Rosell García, cumplirá en teoría cinco y seis veces esa condena, pero en la cárcel.
Su esposa, Mailyn Rodríguez, afirma que Rosell García es inocente. Inicialmente enfrentaba una petición fiscal de 30 años, que luego «le fue rebajada» a 20.
Familiares de los presos, amigos, activistas, coinciden en señalar que estas elevadas peticiones fiscales y condenas lo que buscan es dar un ejemplo. Apagar futuros deseos de rebelión en la isla.
Cuba culpa, como siempre, al embargo económico que el gobierno de los Estados Unidos mantiene sobre la isla. Los cubanos conocen que el embargo existe, es real, pero insisten en añadir que son las fallidas políticas de sus gobernantes en la isla, la principal causante de sus problemas y malestares.
Un (des)ordenamiento económico, años de despilfarro gubernamental en lugar de modernizar su industria energética, y sobre todo, 63 años de censura y coarción de la palabra en la isla, no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos.
Después del 11 de julio el gobierno de la isla puso en práctica planes que buscarían aliviar la angustia y la miseria reinante a través de programas sociales y económicos, sin lograr solucionar el verdadero problema, que es el deseo de mantenerse aferrados al poder.
Miles de cubanos conocen que ese «maquillaje» – reparación de calles, pintura a aceras y fachadas – es eso: pura cosmética.
Lo mejor para ellos – y peor para el gobierno – es que ya probaron a qué sabe la palabra LIBERTAD. Y lo bien que se siente PROTESTAR.
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