El Tribunal Provincial de Las Tunas ha dictado una sentencia implacable contra cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos, imponiendo castigos que oscilan entre los 11 y 13 años de cárcel. El proceso, que buscaba enviar un mensaje de mano dura en medio de la asfixiante escasez que vive la Isla, fue descrito por fuentes oficiales como un juicio «oral, público y ejemplarizante”.
Los implicados, que desempeñaban sus labores en el almacén de la unidad empresarial de base 639, fueron hallados culpables de desviar productos vitales como arroz, azúcar, chícharos y frijoles. Según el expediente de la causa 237 de 2025, estos recursos, que debían llegar a la libreta de abastecimiento y al consumo social, terminaron alimentando el mercado informal.
La fiscalía subrayó que la maniobra no solo afectó el bolsillo del Estado con un perjuicio de 623,088 pesos, sino que tuvo un impacto directo en la mesa de los tuneros, perjudicando a más de 50 mil núcleos familiares. Ante estas pruebas, los jueces aplicaron con rigor el Artículo 297 del Código Penal, sumando a la prisión otras sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la prohibición de abandonar el país.
Más allá de la severidad judicial, este caso destapa una herida abierta en la sociedad cubana: la vulnerabilidad de quienes custodian los alimentos en tiempos de crisis extrema. En una Cuba donde el salario estatal se ha vuelto sal y agua frente a una inflación galopante, muchos trabajadores se ven empujados a los márgenes de la ley para intentar sostener a sus familias.
Para el cubano de a pie, conseguir granos o azúcar fuera del sistema de racionamiento implica enfrentarse a precios astronómicos en el mercado negro, el cual se ha convertido en una vía de escape necesaria ante la incapacidad del sistema para garantizar suministros estables.
Aunque el gobierno insiste en el carácter aleccionador de estas condenas, el debate en la calle es otro. Mientras la ley cae con fuerza sobre los eslabones intermedios de la cadena, persiste el malestar por un modelo económico que no logra equilibrar el costo de la vida con los ingresos reales, dejando a la población atrapada entre la escasez crónica y la ilegalidad como método de subsistencia.
