La más reciente emisión del programa Mesa Redonda reunió a varios ministros del gobierno cubano en un intento por transmitir control institucional en medio de una crisis energética y económica que atraviesa todos los sectores del país. Durante horas, las autoridades desfilaron ante las cámaras prometiendo estabilidad en servicios bancarios, garantía de pensiones, reorganización fiscal y sostenimiento del sistema de salud. Sin embargo, la reacción inmediata de buena parte de la ciudadanía en redes sociales fue de escepticismo abierto, cansancio y desconfianza.
Uno de los ejes centrales del programa fue el funcionamiento del sistema bancario y cambiario. La presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, aseguró que CADECA y las sucursales bancarias continuarán operando pese a los apagones y la escasez de combustible. Reconoció que podrían aplicarse ajustes de horarios, pero insistió en que el sistema se ha preparado para trabajar en condiciones complejas, incluso sin electricidad, gracias a inversiones en grupos electrógenos y sistemas fotovoltaicos.
Según la funcionaria, se mantendrán servicios considerados esenciales, como pagos de salarios y jubilaciones, extracciones de efectivo y operaciones del mercado cambiario. También garantizó la continuidad de pagos internacionales vinculados a actividades priorizadas como la importación de alimentos, combustibles y medicamentos. A la par, llamó a la población a priorizar canales digitales para reducir desplazamientos y consumo de combustible.
En el plano presupuestario, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, defendió la capacidad del Estado para sostener el gasto social. Afirmó que el 66 % del presupuesto previsto para 2026 se concentra en áreas como salud, educación y seguridad social. En particular, garantizó el pago mensual de las pensiones y anunció un incremento parcial que implicaría más de 20.000 millones de pesos adicionales.
El ministro reconoció que el sistema de pensiones enfrenta tensiones en un contexto de inflación y caída productiva, pero vinculó la viabilidad del presupuesto a una “mejor estructura” derivada del programa oficial de estabilización macroeconómica. Al mismo tiempo, enfatizó la necesidad de reforzar la captación de ingresos a través de impuestos, presentando el cumplimiento fiscal como un deber colectivo para sostener los servicios sociales.
Regueiro advirtió que la administración tributaria aplicará con mayor rigor los mecanismos de cobro y destacó la campaña nacional de declaración de tributos que involucra tanto al sector estatal como al no estatal. También mencionó incentivos fiscales para importación de insumos y desarrollo de energías renovables, aunque admitió que la disponibilidad de recursos será más limitada que en años anteriores.
Por su parte, uno que no asistió, pero se expresó en otro ámbito, fue el AUN ministro en materia de salud pública, José Ángel Portal Miranda. El gran amigo de Díaz-Canel —motivo este por el cual aún se encuentra en el puesto a pesar de los cientos casi miles de muertos en Cuba recientemente, responsabilidad plena suya y tampoco dar la cara en ese momento— describió un sistema presionado por apagones, escasez de insumos y falta de medicamentos. Admitió que no es posible cubrir toda la demanda farmacéutica y anunció un mayor impulso a la medicina natural y tradicional como alternativa terapéutica. Las medidas incluyen reducción de cirugías programadas, ajustes en horarios de consulta y acortamiento de estadías hospitalarias según la disponibilidad eléctrica.
Pese a ese panorama, el funcionario aseguró que tratamientos vitales como hemodiálisis y radioterapia se mantendrán garantizados y que la atención médica a turistas y extranjeros continuará coordinada con el sector turístico. También reconoció limitaciones en el parque de ambulancias y la necesidad de priorizar emergencias graves.
El contraste entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana apareció de inmediato en la esfera pública digital. Tras la transmisión, decenas de comentarios cuestionaron la credibilidad de las promesas. Usuarios denunciaron fallos persistentes en bancos durante apagones, cajeros inoperantes y dificultades para realizar transferencias. Otros criticaron la retórica gubernamental por considerarla repetitiva y desconectada de la vida diaria.
Las quejas se extendieron a problemas sociales concretos: escasez de alimentos básicos, transporte insuficiente para pacientes crónicos y la imposibilidad de seguir el propio programa televisivo debido a los cortes eléctricos. Varios comentarios reflejaron agotamiento ante lo que perciben como anuncios reiterados sin resultados tangibles.
La Mesa Redonda buscó proyectar una imagen de planificación y resiliencia institucional frente a la crisis. Sin embargo, la respuesta ciudadana evidenció una brecha entre el mensaje gubernamental y la percepción social. En un contexto marcado por apagones prolongados, inflación y deterioro de servicios, las promesas oficiales ya no operan como tranquilizador automático. Para una parte creciente de la población, el problema no es la falta de anuncios, sino la ausencia de cambios visibles en su vida cotidiana.
