La organización Bienestar Animal Cuba (BAC) publicó en redes sociales un texto dirigido a Randy Alonso Falcón, a quien identifica como director de Cubadebate, y lo responsabiliza por el enfoque de varios materiales recientes sobre protección animal que, según BAC, terminan desacreditando y criminalizando a rescatistas y refugios independientes. En su publicación, la asociación sostiene que “no es la primera vez” que la plataforma oficial se usa para “desvirtuar la verdad” y acusa a Cubadebate de promover artículos “oportunistas” que aparecen, a su juicio, cuando la “avalancha de denuncias” impulsada por activistas deja en evidencia problemas que el Estado habría ocultado durante años.
El núcleo de la queja apunta a textos sobre bienestar animal y refugios que BAC interpreta como un intento de imponer “trabas” y “requisitos imposibles”, acompañados de “amenazas veladas” y un discurso legal “usado como garrote”. La organización menciona de manera crítica a una periodista a la que presenta como María Victoria, presidenta del llamado Comité de Bienestar Animal en Cuba, y cuestiona que esas voces, según su versión, no habrían mostrado interés sostenido por el tema hasta ahora. BAC también reta públicamente a Alonso a pronunciarse, lo interroga sobre si convive con animales y lo acusa de actuar por “decisión”, no por “torpeza”.
El pronunciamiento aparece en un momento en que Cubadebate ha publicado una serie de entregas dedicadas a refugios y manejo de animales, con apartados sobre condiciones, rutinas y criterios discutidos en reuniones vinculadas a instancias oficiales del bienestar animal. En esos materiales se menciona el rol de autoridades competentes en sanidad y bienestar animal y se describe un marco de orientación institucional sobre cómo deberían funcionar los refugios.
Randy Alonso Falcón figura en Cubadebate como periodista y directivo del sitio, además de estar asociado a otros proyectos mediáticos del oficialismo. Para BAC, esa posición implica responsabilidad editorial directa sobre lo que se publica. El intercambio, amplificado por comentarios de apoyo y también por cuestionamientos a la versión de BAC, reabre una disputa vieja en Cuba: quién tiene legitimidad para hablar de bienestar animal y, sobre todo, quién carga con el costo real de sostenerlo en la práctica cotidiana.
