Minnesota se ha convertido en el epicentro del conflicto migratorio más grave vivido en Estados Unidos en décadas. Lo que comenzó como un operativo federal de “refuerzo” migratorio —la llamada Operation Metro Surge, lanzada el 1 de diciembre por la administración de Donald Trump— ha derivado en protestas masivas, choques judiciales sin precedentes y, en apenas tres semanas, dos muertes a manos de agentes federales. La combinación de violencia, demandas legales y amenazas de despliegues armados ha llevado a algunos analistas a advertir sobre un escenario de “conflicto interno” entre autoridades estatales y fuerzas federales.
Este lunes, una jueza federal en Minneapolis escuchará los argumentos de una demanda presentada por el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul para frenar, al menos de forma temporal, el despliegue masivo de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El caso fue presentado tras la muerte de Renee Good, de 37 años, baleada por un agente de ICE el 7 de enero, y adquirió urgencia tras el asesinato de Alex Jeffrey Pretti, de 37, por un oficial de la Patrulla Fronteriza el sábado 24. La fiscalía general del estado sostiene que el operativo constituye un “abuso constitucional sin precedentes” y busca que la jueza Kathleen Menendez ordene reducir la presencia federal a niveles previos a diciembre.
El fiscal general Keith Ellison declaró que la magnitud del operativo no tiene comparación reciente: “Nadie recuerda algo así”. El Departamento de Justicia respondió calificando la demanda de “frívola” y acusando al estado de querer vetar la aplicación de la ley federal. Aun así, 19 fiscales generales estatales y el Distrito de Columbia presentaron escritos de apoyo a Minnesota, alertando que, si no se detiene, la estrategia podría replicarse en otros estados.
Las tensiones se agravaron tras la muerte de Alex Pretti. Su familia lo identificó como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos, ciudadano estadounidense sin antecedentes penales.
Según sus parientes, Pretti estaba indignado por las redadas y participaba en protestas. El DHS afirmó que el hombre “se acercó” armado a los agentes, pero videos de testigos lo muestran con un teléfono en la mano, sin que se aprecie un arma. La familia asegura que protegía a una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta.
El caso ha abierto múltiples frentes judiciales. Otro juez federal, Eric Tostrud, ordenó preservar toda evidencia relacionada con el tiroteo de Pretti, ante el temor de que pruebas puedan ser destruidas. En paralelo, la ACLU de Minnesota solicitó reactivar una orden que prohíbe a agentes federales reprimir a observadores y manifestantes pacíficos, suspendida temporalmente por un tribunal de apelaciones.
En este clima, el gobernador Tim Walz ha puesto a la Guardia Nacional en estado de alerta. Mientras tanto, según el podcast The Take, de Al Jazeera, se advierte que la escalada de redadas federales en Minnesota ha creado un escenario de choque directo entre autoridades estatales y el gobierno federal. El programa recuerda que el gobernador Tim Walz ha puesto a la Guardia Nacional en estado de alerta, mientras el Pentágono mantiene tropas en reserva, y vincula esta situación con una simulación realizada en 2024 por la Universidad de Pensilvania, que ya alertaba sobre el riesgo de que enfrentamientos de este tipo deriven en conflictos armados internos si no existe una intervención judicial clara.de
La profesora Claire Finkelstein, citada en el programa, afirmó que Minnesota reúne “todas las condiciones” para ese escenario: uso de fuerza presuntamente ilegal por agentes federales, protestas masivas y la posible intervención de tropas.
A la crisis se suma el caso de un niño de cinco años detenido por ICE en su guardería de Minnesota. El menor y su padre fueron trasladados a un centro en Texas, según funcionarios estatales, lo que desató indignación y nuevas protestas. Autoridades locales exigieron explicaciones sobre la legalidad de la operación y el impacto psicológico en el menor.
El conflicto ya no se limita a Minnesota. La demanda podría sentar un precedente nacional, en momentos en que la administración Trump intensifica redadas en varias ciudades. Para muchos residentes, la sensación es de ruptura del pacto básico entre gobierno y ciudadanos. Mientras los tribunales deliberan, las calles de Minneapolis siguen siendo escenario de marchas, gas lacrimógeno y detenciones. El desenlace, advierten juristas, podría redefinir los límites del poder federal en Estados Unidos.
