Un juez de inmigración ordenó la deportación a Ecuador de Yannier Vázquez Hidalgo, el segundo de los dos trabajadores cubanos del hospital universitario SUNY Upstate Medical University detenidos por ICE en octubre, pese a que nunca ha vivido en ese país ni tiene vínculos familiares allí. El fallo, emitido en una corte migratoria de Batavia, se suma a la decisión previa contra su esposo, Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González, y consolida un giro legal que ha generado protestas en Syracuse y cuestionamientos sobre el uso de terceros países como destino forzoso para solicitantes de asilo.
Los dos trabajadores cubanos del hospital universitario SUNY Upstate Medical University, habían sido detenidos por ICE tras presentarse a una cita migratoria rutinaria en Mattydale; y el desconcierto entre amigos, familiares y personal del hospital no solo está relacionado con el hecho de que son excelentes personas, trabajadores y con un récord limpio, sino que hayan recibido órdenes de deportación hacia Ecuador, un “tercer país” con el que aseguran no tener vínculos familiares ni historial de residencia. No hacia Cuba.
La decisión más reciente se conoció el 22 de enero de 2026, cuando un juez de inmigración determinó que Yannier Vázquez Hidalgo debía ser deportado a Ecuador para continuar allí su reclamo de asilo, pese a que es ciudadano cubano y nunca ha vivido en ese país. El caso llega una semana después de un fallo similar contra su esposo, Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González, también trabajador del mismo hospital. En ambos expedientes, el elemento que ha generado mayor polémica es el uso de un mecanismo de traslado a un tercer país basado en un acuerdo reciente entre Estados Unidos y Ecuador para recibir solicitantes de asilo enviados desde otras naciones.
Syracuse.com y Spectrum News describieron que las audiencias se han desarrollado en el circuito de Batavia, donde los abogados de la pareja han intentado frenar una deportación que, además de separarlos de su comunidad, los coloca en un país ajeno y con un contexto de violencia e inseguridad que, según la defensa, agrava el riesgo. En la cobertura citada por esos medios, la abogada Irma Ramírez argumentó que el acuerdo con Ecuador no debería aplicarse de forma retroactiva, y que el nivel de amenaza en ese destino no puede descartarse con generalidades, especialmente cuando los dos hombres alegan persecución por orientación sexual.
Aunque Ecuador convive con un marco legal relativamente avanzado para la región y en términos normativos, la Constitución ecuatoriana prohíbe la discriminación por orientación sexual y por identidad de género, entre otras categorías, y ese principio está explícito en el texto constitucional, existe la homofobia.
En el 2019 la Corte Constitucional abrió la puerta al matrimonio igualitario y desde entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en el país; pero una cosa es lo que reconoce la ley y otra lo que ocurre en la calle, en el trabajo, en la familia o frente a una comisaría.
En informes internacionales recientes, Ecuador aparece con problemas persistentes de violencia y discriminación contra personas LGBTI. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en sus reportes anuales de derechos humanos, incluye secciones específicas sobre “violencia o discriminación social” hacia personas LGBTQI+ y menciona que existen denuncias de ataques y de obstáculos para el acceso a justicia, además de señalar el problema de la impunidad en este tipo de casos. Human Rights Watch también ha advertido sobre protección limitada y brechas de aplicación real, incluso cuando hay avances formales.
En el plano regional, organizaciones que monitorean muertes violentas de personas LGBTI en América Latina y el Caribe han documentado que Ecuador no está fuera del mapa de la violencia, y que el riesgo puede ser particularmente alto para personas trans y para quienes están más expuestos socialmente, aunque la magnitud exacta depende de cómo se registren y clasifiquen los casos (un punto clave, porque el subregistro es un problema frecuente).
Para una pareja cubana gay a la que un juez quiera enviar a Ecuador como “tercer país”, esto se traduce en un argumento doble: por un lado, el Estado ecuatoriano tiene obligaciones legales de no discriminación y un marco de derechos que, en papel, existe; por el otro, hay evidencia internacional de que la discriminación y la violencia anti-LGBTI siguen ocurriendo y que la protección efectiva no siempre llega, especialmente si la persona no tiene redes, recursos, documentación o apoyo local.
Y hacia ese país han enviado a esta pareja de cubanos
Repercusiones del caso
Cuballama, que siguió el caso desde noviembre de 2025, recordó que ambos hombres construyeron una vida estable en el área de North Syracuse tras huir de Cuba: se casaron legalmente en Estados Unidos, compraron vivienda y trabajaban en el departamento de servicios ambientales del hospital (Alex como supervisor y Yan como empleado de limpieza). El medio también reportó que familiares sostienen que los dos habían superado un “credible fear screening”, evaluación que suele reconocer un temor creíble de persecución si retornan a su país de origen, en este caso Cuba, por su condición de hombres homosexuales.
El caso, además, se convirtió en un asunto político y sindical local. Organizaciones laborales y aliados comunitarios impulsaron mítines y campañas para exigir debido proceso y liberación, retratando la detención como un castigo contra personas que estaban cumpliendo con el sistema: presentarse a una cita migratoria y seguir el trámite. Pride At Work y los sindicatos vinculados al hospital describieron la detención como una “abducción” en el contexto de un procedimiento que debía ser legal y transparente; mientras que UPP recogía el tema en términos abiertamente políticos: su presidente, Frederick E. Kowal, calificó la orden de deportación contra Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González como racista y homofóbica, sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional estaba usando el acuerdo de cooperación de asilo entre Estados Unidos y Ecuador para expulsarlo a un “tercer país”, y afirmó que el sindicato haría todo lo posible para proteger sus derechos y respaldar la apelación.
En el mismo comunicado, Kowal subrayó el arraigo de la pareja —trabajadores del área de servicios ambientales, propietarios de vivienda y contribuyentes— y elevó el caso a símbolo de una campaña de expulsiones donde “si tienes la cara marrón, eres un objetivo”, añadiendo que, en este expediente, el hecho de ser un matrimonio gay podría estar influyendo en el trato recibido. UUP recordó además que Yannier “Yan” Vázquez Hidalgo seguía detenido junto a su esposo desde el 29 de octubre de 2025, y que la respuesta local ya había escalado a movilizaciones masivas: una concentración el 10 de noviembre, convocada junto a CSEA, funcionarios electos y grupos comunitarios, reunió a más de 400 personas para exigir la liberación de ambos.
Spectrum News y otras coberturas locales por su parte, documentaron vigilias y protestas en Syracuse, con participación de colegas, líderes sindicales y residentes.
En el plano estrictamente legal, la presión de la calle no cambia las fechas: de acuerdo con comunicados sindicales, Alex tenía un plazo de apelación fijado para febrero, mientras que en el caso de Yannier el tribunal estableció otro margen de tiempo para recurrir.
En lo inmediato, el desenlace dependerá de si la defensa logra frenar la deportación a un tercer país y reabrir la discusión de fondo: si dos solicitantes de asilo cubanos, casados y con arraigo comunitario, deben ser enviados a Ecuador, un país que no eligieron y donde, según alegan, no tienen redes, garantías ni protección.
