La semana del 13 al 15 de enero de 2026 volvió a colocar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el centro de una cadena de hechos que combinan aplicación de la ley, controversia pública y problemas internos de gestión.
En San Antonio, Texas, un ciudadano cubano identificado como Robyn Argote Brooks fue arrestado el 13 de enero tras presuntamente embestir con su automóvil a dos vehículos de ICE mientras intentaba escapar para evitar su detención, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional.
El caso se presentó como un episodio de resistencia a la autoridad que terminó con el arresto, en medio de un clima de operativos más visibles y de alta tensión en varias ciudades del país, pero dada la gravedad del hecho, es muy probable que se le imputen cargos más graves, aunque es posible también que sea deportado.
NEW: *Another* ramming incident…. ICE arrested Robyn Argote Brooks, an illegal migrant from Cuba who rammed two ICE vehicles with his car in San Antonio on Tuesday. Brooks entered the U.S. under the Biden administration’s CBP One app in 2024, according to DHS.
Video shows ICE… pic.twitter.com/z4AP1c19OZ— Brooke Taylor (@Brooketaylortv) January 15, 2026
En Nueva York, otro hecho puso el foco en la incertidumbre legal de personas bajo custodia migratoria, en un caso que ha sido reseñado por los medios, entre ellos Cuballama Noticias.
Se trata de Yannier “Yan” Vázquez Hidalgo y su pareja. Según la última actualización de su caso, un juez ordenó la deportación de Yannier a un “tercer país”, en este caso a Ecuador, país con el que el deportado no posee vínculos, pese a que él y su esposo habían solicitado asilo. El punto sensible del caso no es solo la salida forzada, sino la separación familiar y la lógica de destino, que alimenta críticas sobre criterios, garantías y consistencia en decisiones migratorias, especialmente cuando no se trata de una repatriación directa al país de origen.
El caso de Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González y Yannier Vázquez Hidalgo se ha convertido en uno de los episodios más duros y desconcertantes de la actual política migratoria estadounidense aplicada a ciudadanos cubanos. Ambos fueron detenidos en octubre de 2025 en Nueva York por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando acudían, juntos, a una cita migratoria rutinaria. No había antecedentes penales, no hubo intento de fuga ni incidente previo: fueron arrestados mientras cumplían con el propio proceso legal que debía regularizar su estatus.
La detención ocurrió apenas dos meses después de que se casaran en Estados Unidos, tras haber logrado algo que para muchos cubanos sigue siendo inalcanzable: estabilidad laboral, una vivienda propia y la posibilidad de vivir su relación sin esconderse. Ambos trabajaban en el hospital universitario SUNY Upstate Medical University, dentro del departamento de Servicios Ambientales. Alex, en particular, ocupaba un puesto de supervisión y era descrito por compañeros y dirigentes sindicales como un trabajador ejemplar, constante, respetado y profundamente integrado en la vida cotidiana del centro.
Tras el arresto, la pareja fue trasladada al centro de detención de Batavia, donde permanece hasta hoy en áreas separadas. Aunque están en el mismo complejo, solo pueden verse a través de un vidrio o cruzarse fugazmente en los pasillos, una separación que familiares y allegados describen como una forma de desgaste emocional constante. Sus procesos migratorios avanzaron por carriles distintos, lo que agravó la incertidumbre: mientras Yannier quedó a la espera de audiencia, Alex fue enfrentando decisiones judiciales cada vez más severas.
Ambos habían solicitado asilo en Estados Unidos alegando persecución y homofobia en Cuba, y el propio sistema migratorio había reconocido que existía una amenaza creíble contra sus vidas en caso de regreso a la isla. Aun así, en enero de 2026 un juez de inmigración ordenó la deportación de Alex, no a Cuba, sino a Ecuador, un país con el que no tiene ningún vínculo familiar, legal ni personal. La decisión causó desconcierto incluso entre quienes siguen de cerca estos procesos: se trata de una expulsión a un tercer país, que lo separa de su esposo y lo envía solo a un territorio completamente ajeno.
El fallo provocó una reacción inmediata en Syracuse y en el entorno laboral del hospital. Sindicatos como United University Professions y la Civil Service Employees Association se movilizaron desde el inicio del caso, organizando protestas, concentraciones frente a edificios federales, campañas de cartas de apoyo y acciones públicas para exigir su liberación. Compañeros de trabajo describieron a la pareja como solidaria, generosa y siempre dispuesta a ayudar, y subrayaron la contradicción entre ese perfil y el trato recibido por las autoridades migratorias.
Familiares cercanos han relatado que cada visita al centro de detención se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Alex, dicen, es un hombre educado, inteligente, con formación previa en Cuba y que luchó durante años por reconstruir su vida en Estados Unidos. Ahora, su entorno intenta sostenerlo anímicamente mientras enfrenta la posibilidad de ser enviado a un país desconocido, separado de su esposo y con su proyecto de vida abruptamente interrumpido.
Lo que comenzó como una detención “administrativa” durante una cita rutinaria terminó convirtiéndose en un caso emblemático: una pareja recién casada, con asilo solicitado y riesgo reconocido, separada por decisiones judiciales paralelas y empujada a un limbo legal que amenaza con deshacer, en semanas, lo que tardaron años en construir.
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A esa controversia se sumó un reporte sobre fallos operativos internos. Un error de inteligencia artificial en ICE clasificó incorrectamente a nuevos reclutas y derivó en el envío de agentes “sin la preparación adecuada” a tareas en la calle, reabriendo el debate sobre el uso de sistemas automatizados en funciones policiales y la necesidad de supervisión humana, según reportó NBC News.
En la práctica, el episodio plantea un riesgo doble: para la seguridad del público y para la propia agencia, que queda expuesta a incidentes, demandas y pérdida de confianza si su entrenamiento y despliegue dependen de decisiones algorítmicas mal calibradas.
El capítulo más explosivo estalló en Minneapolis, donde se registraron protestas tras tiroteos atribuidos a agentes federales de inmigración, provocados por disturbios tras la muerte de una civil que enfrentó a oficiales de ICE, recoge AP.
Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar tropas para contener disturbios vinculados a esas acciones.
Medios como Reuters y The Washington Post situaron la escalada en un contexto de indignación pública y choque entre autoridades locales y federales, mientras TIME describió una ciudad tensionada por la presencia de agentes y por demandas de rendición de cuentas. En paralelo, The Independent difundió además un sondeo según el cual más de la mitad de los estadounidenses considera que las operaciones de ICE hacen que las ciudades sean menos seguras, un dato que retrata el costo reputacional de este ciclo de operativos y confrontación.
