Tras hacerse públicos los rostros y nombres en clave de al menos cuatro agentes de la Seguridad del Estado, filmados durante la transmisión del sepelio oficial de los 32 cubanos fallecidos en Venezuela, el aparato de contrainteligencia habría iniciado presiones para identificar y castigar a un responsable de la exposición. Sin embargo, según fuentes del propio sistema mediático, no existe un camarógrafo ni una acción individual a la que atribuir la exposición y por lo tanto aquí el único culpable fueron ellos mismos, «por dejarse ver».
Las imágenes, emitidas por la Televisión Nacional durante un acto de carácter solemne y altamente controlado, no provinieron de grabaciones improvisadas ni de cámaras operadas manualmente. Se trató, de acuerdo con una fuente del «antiguo» Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), pero al que todo el mundo sigue llamando así, de un esquema de cámaras fijas colocadas previamente en distintos puntos del recinto, una práctica habitual en ceremonias de Estado donde se prioriza el control absoluto de la señal.
Las imágenes que desataron la alarma fueron emitidas por la Televisión Nacional —en particular por Canal Caribe aunque Cubavisión Internacional y Telesur también las divulgaron— durante una cobertura institucional realizada mediante cámaras fijas ubicadas en distintos puntos del recinto. No se trató de grabaciones improvisadas ni de planos operados manualmente, sino de una señal planificada y realizada en vivo, con encuadres que dejaron visibles a agentes que normalmente operan fuera de cámara.
Según una fuente del ICRT, la reacción institucional no fue revisar los protocolos de realización ni asumir la responsabilidad como un fallo sistémico, sino buscar “un muerto”: una figura concreta a la que castigar para restablecer disciplina. El problema, señala, es que al tratarse de cámaras fijas y decisiones de realización en cadena, no existe un operador individual al que responsabilizar sin reconocer un error estructural.
“El problema es que quieren un muerto y no lo hay”, resume la fuente consultada que fue testigo de la conversación entre uno de sus jefes y «alguien que lo llamó de arriba». En el lenguaje interno, se buscaba un responsable claro, con nombre y apellido, sobre el cual descargar la culpa; pero al no haber camarógrafo en el sentido clásico del término, «no hay manera de culpar a nadie más que a ellos mismos».
Según la fuente, la presión habría recaído inicialmente sobre áreas técnicas y de realización, aunque sin una figura concreta a la cual señalar. En ese contexto surgieron nombres de manera informal, más como rumor que como acusación formal, en un intento por personalizar un fallo que, en realidad, fue estructural.
Hasta el momento, no ha habido comunicación pública del ICRT ni de los órganos de seguridad sobre el incidente. Tampoco se ha reconocido que la transmisión expuso a personal sensible. El episodio deja al descubierto una paradoja incómoda para el sistema: el mismo aparato que exige control absoluto de la imagen pública fue incapaz de controlar su propia puesta en escena.
Y no es para menos que están preocupados. Lo menos que deseaban los órganos de seguridad era una exposición pública de sus agentes en un acto ue fue diseñado para exhibir control y solemnidad, y que terminó con la propia televisión estatal mostrando lo que normalmente permanece en las sombras.
A partir de esos fragmentos comenzaron a circular en redes sociales y espacios del exilio análisis comparativos y archivos previos que permitieron identificar a varios de los funcionarios mostrados. El primero en hacerlo fue el artista y activista Hamlet Lavastida, quien señaló a un agente conocido por el alias de “Darío”. A partir de esa identificación inicial, otras personas afectadas por interrogatorios y actos de represión aportaron información adicional.
La investigadora Yeye HM publicó un video editado en el que separa a los agentes visibles y los identifica por los alias con los que se han presentado ante periodistas, artistas y activistas. Entre los nombres en clave mencionados se encuentran “Darío”, “Juan Carlos” —a quien distintas personas recuerdan también como Adalberto, Augusto, Saucedo o Roberto González—, “Alberto”, “Hansel Guillermo”, “René”, “Yordan” y “Manuel”. En varios casos, las identificaciones coinciden entre personas que no se conocen entre sí, pero que fueron interrogadas por los mismos oficiales en distintos momentos, ante quienes se presentaron en ocasiones con nombres distintos.
Uno de los casos que ha generado mayor volumen de información es el de “Hansel Guillermo”, cuya identidad real ya se conoce.
En un post publicado por la activista Tania Tassé, quien se identifica en Facebook como «Las Taniadas», esta difundió datos que atribuyen ese alias a Hermes del Toro López, nacido en 1990, con estudios en escuelas militares y pedagógicas de La Habana, y con un historial de participación en interrogatorios a activistas, periodistas y artistas independientes. La información publicada incluye testimonios personales, antecedentes académicos y datos de localización, cuya veracidad no ha sido confirmada por fuentes oficiales, pero que fue atribuida a aportes colectivos y bases de datos privadas.
Es muy probable que, dada la repercusión del caso, los nombres reales de los otros agentes vayan surgiendo a medida que alguien que lo conozca vea cualquiera de los post publicados por los activistas y decida exponer a los involucrados.
A la Seguridad del Estado en la isla solo le queda esperar, ir preparando los expedientes de la Licenciatura como agentes a los arriba mencionados, y lamentarse por lo sucedido; a no ser que decidan ir un paso mas allá en la locura de encontrar el culpable, y castiguen al infeliz que puso la cámara donde la puso y no «diez centímetros más pa´llá».
