Una denuncia difundida en redes en formato de “denuncia pública” expone la situación de Alfredo Anaya Suárez, chofer ayudante de la Ruta 18 (Carro 060), perteneciente a la Agencia de Gacela #13, a quien directivos de Cuba Taxi —según el testimonio— le estarían negando desde el 1 de enero el permiso para regresar a su hogar en Mayabeque con el vehículo de trabajo. El texto atribuye la decisión a una “política regionalista” aplicada de manera selectiva y la describe como una medida que lo obliga a permanecer en La Habana y dormir dentro del carro para poder seguir trabajando.
La acusación sostiene que el caso resulta especialmente contradictorio porque, de acuerdo con el denunciante, Alfredo Anaya Suárez ha sido presentado en varias ocasiones como ejemplo de desempeño por autoridades del transporte, con menciones públicas que lo colocan como rostro de “la excelencia” del servicio.
“Tras el telón de la propaganda y los elogios públicos, se esconde una realidad de desprecio y falta de empatía”, afirma el documento, que señala directamente a directivos de Cuba Taxi – Empresarial y a la Agencia de Gacela #13.
El núcleo de la queja se apoya en dos ideas: desigualdad en el trato y afectación familiar. La denuncia asegura que existen 13 choferes en condiciones similares —residentes fuera de La Habana— a quienes sí se les permitiría regresar a sus provincias con sus vehículos, mientras a Anaya se le prohíbe. Con ese contraste, el texto plantea una pregunta de fondo: por qué se aplica una norma diferente a un trabajador que, presuntamente, ha sido destacado institucionalmente.
La segunda parte del reclamo enfatiza la situación doméstica. Según la denuncia, Anaya tendría dos hijos menores de 9 y 2 años, y su esposa estaría con un embarazo de casi 30 semanas, ingresada en un hogar materno con diagnóstico de placenta previa. El documento describe ese escenario como “extrema sensibilidad” y sostiene que la separación forzada incrementa la vulnerabilidad del núcleo familiar, al mismo tiempo que somete al trabajador a condiciones de vida precarias en la capital.
El texto pide que la medida sea revertida “de inmediato” y enmarca la exigencia como una demanda de equidad, no de privilegio. Al cierre de esta nota, no consta una respuesta pública de Cuba Taxi – Empresarial ni de la Agencia de Gacela #13 sobre el caso ni sobre la supuesta política aplicada.
