La demora en la distribución de recursos destinados a familias damnificadas volvió a quedar en evidencia en Santiago de Cuba, tras la incautación de decenas de colchones que debían haber sido entregados como ayuda humanitaria y que terminaron almacenados de forma irregular en una vivienda particular. El hecho, confirmado por fuentes oficiales y difundido inicialmente en redes sociales, ha generado indignación entre residentes afectados por eventos climatológicos recientes que aún esperan soluciones básicas.
Según la información divulgada, los colchones formaban parte de un lote asignado para personas que perdieron total o parcialmente sus viviendas.
Sin embargo, en lugar de llegar a los destinatarios previstos, los artículos fueron desviados y ocultos presuntamente con fines de reventa. La operación policial permitió recuperar los colchones antes de que salieran al mercado informal, un circuito que se ha expandido en medio de la escasez y la falta de control efectivo sobre la cadena de distribución estatal.
Vecinos de la zona señalaron que mientras los recursos permanecían almacenados, numerosas familias continuaban durmiendo en el suelo o improvisando soluciones precarias, semanas después de haber sido censadas como damnificadas. La situación ha reavivado críticas sobre la lentitud administrativa, la falta de transparencia y los vacíos de supervisión que rodean la entrega de ayudas en contextos de emergencia.
Aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre los responsables directos ni sobre las sanciones aplicadas, el caso pone nuevamente sobre la mesa un problema estructural: la distancia entre la asignación oficial de recursos y su llegada real a quienes los necesitan. En un escenario de crisis prolongada, la escasez no solo afecta a los hogares vulnerables, sino que también crea condiciones propicias para el desvío de bienes y la comisión de delitos asociados. Y todavía a veces se preguntan por qué ya el pueblo no se siente identificado ni con el proceso, ni con sus líderes.
Para muchos santiagueros, el episodio no es un hecho aislado, sino una muestra más de cómo la ineficiencia y la falta de controles convierten la ayuda social en un eslabón débil, donde los damnificados terminan siendo, una vez más, los últimos en recibir respuestas.
