Delitos «contra la electricidad» y el Estado están «de moda» en Matanzas

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En Matanzas, los delitos vinculados al sistema eléctrico y a los bienes estatales se reportan ahora con una frecuencia llamativa, casi diaria.

Las páginas oficialistas y parapoliciales del territorio, especialmente Con Todos La Victoria, han convertido estos sucesos en una suerte de boletín continuo donde se exhiben nombres, antecedentes penales y fotos de supuestos responsables, al tiempo que se repite como mantra la consigna de “tolerancia cero”.

Resulta llamativo no solo el aumento de estos relatos, sino la manera en que se presentan: como si el principal obstáculo para que el país funcione no fuera el deterioro estructural del sistema eléctrico ni la ineficiencia estatal, sino la acción de unos cuantos “desalmados” que roban cables, combustible, o aceites de los grupos electrógenos.

Uno de los casos difundidos esta semana ocurrió en Torriente, Jagüey Grande. Allí, desconocidos cortaron los cables que conectaban nueve paneles solares destinados a alimentar la turbina que bombea agua a varios edificios.

El sereno, Pedro Armando Zárate Olivera, fue llevado ante la ley acusado de abandonar su puesto y permitir el robo. En la publicación, más larga que muchas notas de prensa oficiales, se resaltaron sus antecedentes por amenazas y daños a la propiedad. Los comentarios exigieron mano dura y responsabilizaron directamente al custodio. Apenas unos usuarios preguntaron por qué alguien con ese historial fue contratado como vigilante; esa parte —la que compromete a la estructura estatal— quedó flotando sin respuesta.

Poco después, en el parque fotovoltaico de Deseada, fue detenido Yeraldo Lantigua Padrón, identificado como “desocupado” y con antecedentes por robo con fuerza y desobediencia.

Según la página, cargaba herramientas y cables vinculados a un presunto sabotaje. La palabra “sabotaje”, repetida con insistencia, le da al hecho un aire político que, en la práctica, no pasa de ser un robo común dentro de un país donde casi nada funciona y casi nada está resguardado. Pero el término cumple un objetivo: sugerir que lo que daña al sistema eléctrico no es la falta de inversiones, la obsolescencia tecnológica o la corrupción institucional, sino individuos aislados, fácilmente convertibles en enemigos públicos.

Otro caso “ejemplificante” llegó desde Colón: Carlos, trabajador de la OBE, fue acusado de apropiación indebida luego de una inspección que reveló miles de tuercas desaparecidas, herramientas, refrescos y hasta dinero en efectivo. La publicación incluye una enumeración exhaustiva de cada objeto encontrado, como si se tratara de una operación anticorrupción de alto nivel. En realidad, se trata de un fenómeno que el propio pueblo reconoce en los comentarios: un sistema estatal lleno de descontrol, donde durante años se roba con absoluta impunidad porque no existen mecanismos reales de supervisión.

A estos casos se suma la detención de dos hombres en Pedro Betancourt con 90 cabillas presuntamente sustraídas de una UEB. De nuevo, el guion: fotos, nombres, antecedentes, y un coro de comentarios exigiendo prisión severa.

Y aquí aparece el punto clave. La repetición sistemática de estos reportes construye un estado de ánimo útil para el poder: la sensación de que los apagones, las averías, la falta de piezas y la caída constante del servicio eléctrico son culpa de estos “saboteadores”, de custodios negligentes, de trabajadores estatales corruptos, de ladrones que se llevan tornillos, cables o paneles. Se desplaza el foco: de la responsabilidad estatal a la delincuencia común. De un sistema energético colapsado por décadas de falta de inversión, a un puñado de sujetos presentados como enemigos de la nación.

La narrativa funciona porque ofrece una explicación rápida y emocional. Pero el propio pueblo, entre líneas, lo dice: “¿Y quién los pone en esos puestos?”; “Esto pasa en todas las empresas del Estado”; “Si pagaran salarios dignos, no ocurriría”. Esa parte no entra en el guion oficial.

En Matanzas, los delitos contra los bienes del Estado pueden estar “de moda”, pero también lo está, cada vez más, la necesidad del gobierno de fabricar culpables menores para un problema que nació muy por encima del nivel donde alguien se roba un cable.

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