En un país golpeado por epidemias, apagones y la devastación reciente de los huracanes, la policía política cubana sigue encontrando tiempo para perseguir a quienes escriben en Facebook. Esta vez le tocó al economista y analista William Sosa, una de esas voces que, desde la red social, se ha dedicado a explicar con calma y argumentos, siempre con el más absoluto apego por la decencia, desde los datos, las estadísticas, el sentido común y la sociología, por qué la economía cubana se hunde.
La noticia de su detención no la dieron la prensa oficial ni una nota fiscal, sino su propio hijo.
“Hoy, mi padre fue detenido en Cuba. Su único ‘delito’ fue hacer exactamente lo que ustedes han seguido y respetado por tanto tiempo: publicar aquí sus análisis económicos y sociales”, escribió Miguel Sosa, usando la cuenta del padre. Contó que en casa la noticia cayó como un golpe seco: William es el sostén material y emocional de la familia, y ahora mismo “hay un hogar que lo necesita y sufre una angustia terrible por esta injusticia”.
La reacción fue inmediata. En los comentarios, amigos, colegas y lectores repiten la misma idea: Sosa escribía con respeto, sin insultos, con una mirada martiana sobre la realidad nacional.
“Decir la verdad no es delito”, recuerda una usuaria. Otra confiesa “dolor, vergüenza e impotencia”; alguien más apunta a la raíz del problema: “Le temen mucho a las personas inteligentes”. Para muchos, la detención de William es una señal de alerta general: “William Sosa puede ser cualquier cubano”, escribió otra comentarista.
Lo que le ocurre al economista encaja en un patrón que organizaciones de derechos humanos llevan años documentando. En Cuba, un post en Facebook puede terminar en multa, interrogatorio, prisión preventiva y, en no pocos casos, años de cárcel. El nuevo Código Penal incorporó expresamente a las redes sociales como “escenario delictivo” y agrava las penas si las opiniones se difunden por estas vías, mientras decretos como el 370 y el 35 permiten multar y confiscar equipos a quienes publiquen contenidos considerados “contrarios al interés social”.
No se trata de teoría. En enero de 2025, los cubanos Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, por publicaciones críticas en Facebook. En el caso de Peña Aguilera, su “acción” fue simplemente compartir esos contenidos.
En julio de 2024, Cristian Jorge Labrada Fonseca recibió 10 años de privación de libertad por mensajes en redes sociales, uno de ellos escrito en un momento de desesperación, sin ninguna capacidad real de daño, que fue interpretado como amenaza al orden constitucional.
Hay historias que rozan lo absurdo. El enfermero Aroni Yanko García Valdés estuvo 18 meses preso por un meme, una imagen satírica que en cualquier democracia habría pasado como chiste de mal gusto o se habría respondido con otra burla, no con un uniforme y barrotes. El influencer Yoandi Montiel, “El Gato de Cuba”, fue condenado a dos años de cárcel por desacato, básicamente por hacer directas burlonas en redes donde comentaba la realidad del país y se reía del gobernante.
Informes recientes de organizaciones como Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y proyectos de investigación independientes apuntan a que, desde 2021, al menos varias decenas de personas han sido encarceladas específicamente por publicaciones en redes sociales, y más de un centenar han sufrido algún tipo de represalia —multas, decomisos, citaciones, amenazas— por lo que escriben en internet.
En ese contexto, la detención de William Sosa no sorprende, pero indigna. Mientras su hijo pide visibilidad y justicia, los comentarios en Facebook funcionan como un pequeño espejo del país: “Todo intento por salvar a Cuba se hace molesto”, lamenta una seguidora. Otro lector lo resume con ironía amarga: en Cuba, ser martiano y patriota se ha convertido en “desobediencia”.
La escena, una vez más, es la típica de los regímenes autoritarios: se castiga la opinión, se criminaliza la crítica pacífica, se envía un mensaje ejemplarizante al resto de la sociedad. No importa que se trate de un economista que escribe análisis, de un joven que comparte un meme o de un enfermero que se desahoga en su muro personal: cuando el poder teme a las palabras, el teclado se vuelve prueba de cargo.
Hoy la familia de William Sosa no sabe cuánto tiempo estará detenido ni qué acusación formal le colgarán. Sí sabe, en cambio, que el “delito” ya está escrito en la conciencia de todos: pensar, analizar, escribir y compartirlo en Facebook. En la Cuba de 2025, eso basta para que un padre de familia desaparezca tras la puerta de una estación policial.
