De defensoría militante en redes y foticos al lado de dirigentes a vida académica en el extranjero: así se resume el giro de Sheyla Torres Ricard, presunta ex dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Ciencias Informáticas, señalada por su papel como “ciberclaria” en campañas de hostigamiento digital contra estudiantes críticos y periodistas independientes. Y su novio… bueno, de él hablaremos también.
Hoy, según múltiples publicaciones, Sheyla reside en Valparaíso cursando un doctorado. El dato reabre una discusión incómoda: qué pasa cuando quienes se alinearon con la vigilancia política dentro de universidades cubanas migran y abrazan, sin conflictos aparentes, las libertades que negaron a otros. La pregunta que circula es directa y no menor: ¿quién financia esos estudios, fondos públicos chilenos o recursos vinculados a ETECSA?
Y otra pregunta más interesante aún: ¿Regresará a retribuirle a la Patria todo lo que ella en su formación se gastó?
Es muy probable, casi seguro que no, pero la joven no afrontará el exilio solana o solapeada, como diría el vulgo cubano. No. Torres Ricard no está sola.
Su pareja, David Alonso Díaz, igualmente identificado antaño, con las ideas populistas y de sacrificio por el país como joven de la Federación de Estudiantes Universitarios, comparte en redes una cotidianidad de oportunidades y estabilidad que contrasta con el clima de persecución digital que ambos no sufrieron en la Isla. En una de las fotos se le ve orgulloso al lado de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, llevando como prenda un pullóver con la imagen del llamado «Asesino de la Cabaña». En otra se le ve dando un discurso en un Congreso en la UCI. No, a cualquiera no le dan la palabra.
El señalamiento central de esta nota no discute el derecho a estudiar ni a rehacer la vida en otra latitud, pues de hecho David parece no haber perdido la oportunidad y el conocimiento que le brinda estar en otros lares y contrastar lo que le decían en Cuba y creía él con la realidad; interroga, más bien, la coherencia ética de quienes transitan de un rol de disciplinamiento ideológico a una posición de beneficiarios de sistemas que garantizan pluralismo, movilidad y debate; un pensamiento latente en miles de cubanos que sufrieron persecución dentro de la isla.
La exposición del caso, impulsada por el usuario SanMemero en X, revitaliza un debate más amplio en la diáspora cubana: ¿se trata de un simple proyecto académico o de una prolongación de la agenda propagandística del régimen por vía de intercambios y becas?
Las reacciones, previsiblemente polarizadas, oscilan entre la exigencia de escrutinio institucional y el escepticismo sobre que tales programas funcionen sin contrapartidas políticas. No faltan quienes recuerdan que estos movimientos rara vez eligen destinos aliados del oficialismo, y que la preferencia por sistemas universitarios abiertos, competitivos y bien financiados habla por sí sola.
Más allá del tono incendiario de algunos comentarios, permanece un núcleo verificable y socialmente relevante: la universidad como campo de disputa, la exportación de cuadros formados en cultura de obediencia y el uso de credenciales académicas como pasaporte de legitimidad.
La Tijera promete seguir el rastro documental del financiamiento, los convenios y las redes de apoyo que facilitan estos trayectos. Al cierre, la pregunta vuelve a la superficie con la misma carga de urgencia de otros casos muy similares: ¿hay voluntad de transparencia sobre quién paga qué, y qué se espera a cambio? ¿Cómo es que se obtienen estas becas? ¿Por qué unos sí pueden y otros no?
