La ciudadana cubana Yusleidy Alamo Valdés, de 28 años, fue liberada este lunes 6 de octubre tras abonar una fianza de 1,500 dólares, luego de haber sido arrestada por la Policía de Cape Coral (Cape Coral PD) en la madrugada del domingo 5 de octubre de 2025.
De acuerdo con el parte de ingreso, Alamo Valdés fue registrada a las 6:06 a. m. bajo el cargo de “Battery (Touch or Strike)”, una tipificación que, según la práctica judicial en Florida, refiere a agresión mediante toque o golpe. La causa quedó radicada en el County Court con el expediente 25MM023652 y audiencia fijada para el 28 de octubre de 2025 a las 8:30 a. m.
El estatus de custodia se actualizó a “Released” a la 1:38 p. m. del lunes, una vez cumplimentados los requisitos de fianza en modalidad “cash/surety”. La liberación no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad: el proceso continúa su curso y será en la sala donde se ventilen los hechos, la evidencia y la eventual responsabilidad penal. Hasta el momento no han trascendido detalles oficiales sobre las circunstancias que condujeron al arresto ni sobre si existieron lesiones, testigos o grabaciones que respalden la acusación.
El caso generó comentarios en páginas de reseñas de arrestos del condado, donde la foto de ficha policial circuló con rapidez y dio pie a reacciones de tono dispar.
Algunos usuarios limitaron sus intervenciones a chanzas y estereotipos sobre la comunidad cubana en el sur de Florida; otros llamaron a la prudencia, recordando que la versión de los hechos suele ser incompleta en las primeras horas y que el contexto de una acusación por agresión puede ser complejo. La conversación pública, con todo, ilustra el impacto que tienen estas plataformas en la percepción social de un caso antes incluso de que el tribunal escuche a las partes.
En paralelo, el expediente administrativo recoge datos básicos de identificación y residencia en Cape Coral. Por razones de privacidad y seguridad, este medio evita reproducir direcciones completas cuando no aportan valor sustantivo a la comprensión del caso.
De cara a la audiencia del 28 de octubre, la defensa de Yusleidy Alamo Valdés podrá evaluar posibles acuerdos con la fiscalía o ir a juicio si lo considera pertinente. En casos de “Battery (Touch or Strike)”, la resolución puede oscilar entre desestimaciones, programas alternativos, acuerdos de culpabilidad o, si procede, condenas con sanciones que van desde multas hasta períodos de probación y, en ciertos supuestos, cárcel. Hasta entonces, rige la presunción de inocencia.
Otros cubanos arrestados y liberados en Lee County
Sin embargo, su caso no fue único ni el más grave. Otros cubanos en la zona también habrían cometido otros delitos de mayor gravedad incluso. A pesar de los pesares – pensemos en la ola terrible de arrestos de inmigrantes y deportaciones o retenciones migratorias por parte de ICE – todos fueron liberados.
En la misma jurisdicción, Maikol Sandor Chabau Artiaga fue arrestado de madrugada el 8 de octubre por violar la ley de “street racing/stunt driving”. Pagó una fianza de 500 dólares ese mismo día y salió en cuestión de horas, con audiencia programada para el 27 de octubre en tribunal de condado. El contraste con el caso de Yusleidy es inmediato: distinta naturaleza de la acusación, menor fianza y liberación exprés.
Más llamativo aún resulta el expediente de Sileika Bárbara Núñez Gasca, detenido la noche del 6 de octubre por presunto fraude de suplantación de contratista durante estado de emergencia. Aun cuando el cargo aparece —al menos en papel— con mayor potencial de perjuicio colectivo, la fianza fue de 5.000 dólares, pagada al día siguiente, y la liberación se produjo el 7 de octubre, con vista señalada en Circuit Court para el 10 de noviembre.
También se registró un caso de tipificación similar al de Alamo Valdés. Yeni Vedey Hinojosa fue ingresada el 6 de octubre por “Battery (Touch or Strike)” y puesta en libertad el 7 de octubre sin que conste monto de fianza fijado en la ficha pública, a la espera de audiencia el 4 de noviembre. Esta excepción ilustra que, incluso bajo el mismo rótulo penal, la práctica de fijación de fianza no es uniforme: influyen el historial, los hechos concretos y, a menudo, la discrecionalidad de quien procesa el ingreso.
El expediente de Elvis González Padrón añade otro ángulo: una cadena de infracciones de tránsito (conducir con licencia suspendida, sin licencia comercial válida y vehículo sin registrar) más una orden de arresto de otro condado. Pese a la acumulación, abonó dos fianzas de 1.500 dólares el 4 de octubre y quedó en libertad el 7, con vistas unificadas para noviembre. Y el de Jonhander Castillo Rodríguez combina “battery que causó daño corporal”, desorden en estado de embriaguez y, crucialmente, una “failure to appear” previa. Aun así, salió en libertad el 7 de octubre tras pagar 1.500 dólares por la incomparecencia, con audiencias escalonadas en las próximas semanas.
Estos ejemplos no prejuzgan culpabilidades; describen un patrón. Entre Cape Coral, Lehigh Acres y Naples, la mayoría de los detenidos recuperó la libertad en 24–48 horas tras cubrir fianzas muy dispares, desde 500 hasta 5.000 dólares, incluso en expedientes con elementos agravados o incumplimientos previos.
En ese contexto, el caso de Yusleidy Alamo Valdés se inscribe en una geografía judicial donde la libertad provisional es la regla y el relato público —alimentado por mugshots y redes sociales— suele ser más severo que las primeras decisiones del sistema. Presunción de inocencia y cotejo de evidencias siguen pendientes: la sala dirá, más allá de la viralidad del caso.
