La Fiscalía General de la República de Cuba confirmó que el proceso penal por el asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, ocurrido en Caibarién (Villa Clara), avanza bajo su control y que el imputado, Nectzary Morales Gálvez, permanece con medida cautelar de prisión provisional mientras concluyen las diligencias de instrucción.
En su nota oficial, el órgano aseguró que ejercerá la acción penal pública ante el tribunal “con respeto a los derechos y garantías” y en correspondencia con la gravedad de los hechos, un mensaje que busca ordenar un caso que sacudió a la comunidad y desató múltiples rumores desde el primer momento.
El homicidio de Mesa Rodríguez, jefe de sector de 62 años, fue reportado el viernes 19 de septiembre en el tramo de carretera Remedios–Caibarién. Versiones iniciales del Ministerio del Interior (MININT) indicaron que el oficial presentaba heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza, y que al sospechoso le ocuparon la pistola reglamentaria y un arma blanca presuntamente utilizadas en el crimen. La detención se produjo en las horas siguientes en el municipio de Remedios, según reseñas de prensa que siguieron el parte institucional.
La identificación pública del imputado por la Fiscalía —con nombre y apellidos— marca un punto de inflexión: reduce el margen para la especulación y establece de manera formal el sujeto sobre el que recaen las imputaciones, a la vez que fija el estándar procesal que regirá la acusación.
En ese registro, medios estatales replicaron el contenido esencial de la nota, subrayando la prisión provisional y la continuidad de las investigaciones; algunos, además, consignaron variaciones en el segundo apellido del imputado (Gálvez/Vázquez), una discrepancia que conviene zanjar atendiendo a la fuente primaria de la FGR, que lo identifica como Nectzary Morales Gálvez.
En paralelo, varios medios independientes han recopilado detalles sobre el hallazgo del cuerpo y los indicios ocupados, reforzando la narrativa de un ataque directo y la rapidez de la captura. Igualmente, no pocas declaraciones de no pocas personas que conocían al finado, han dado cuenta de su caracter abusador y represivo. No pocos de ellos aseguran que seguramente «hartó» a la persona que injustamente le quitó la vida; un elemento que ni siquiera podrá ser usado como argumento de la defensa en el juicio, pero que no deja de ser una variable que incidió en el fatídico desenlace.
Si bien estos elementos no sustituyen a la prueba judicial, sí contextualizan el clima informativo que rodea al proceso, en el que la comunicación oficial —como ocurrió con la nota de la Fiscalía— opera como dique ante la desinformación.
De cara a lo que viene, el caso transitará por dos carriles que deberían ser complementarios: el estrictamente penal, que implica culminar la instrucción con garantías y presentar una acusación sólida ante el tribunal, y el público, que demanda actualización transparente y oportuna para una ciudadanía sensible a los hechos de violencia y a la protección de sus agentes del orden.
Si la Fiscalía cumple su promesa de informar “sobre lo cual se informará”, como afirmó en su comunicado, se fortalecerá la confianza en el debido proceso; si no, el expediente volverá a quedar a merced del rumor. Por ahora, el dato verificable es claro: hay un imputado identificado, bajo prisión provisional, y una investigación en curso con expectativa de avance hacia juicio.
