El atroz crimen cometido por este inmigrante cubano en Texas, contra otro inmigrante, refuerza el criterio de muchos que exigen y aplauden en Trump, que remueva a los inmigrantes malos de los Estados Unidos.
El asesinato de Chandra Mouli “Bob” Nagamallaiah, gerente de un pequeño motel en Dallas, es —además de un horror que deja sin aliento— la chispa perfecta para encender la pólvora política antiinmigratoria en Estados Unidos. Un cubano, Yordanis Cobos Martínez, fue acusado de decapitarlo con un machete luego de una disputa por una lavadora averiada y un malentendido idiomático ocurrido en el ya de por sí complicado estado para los inmigrantes; aunque en este caso, uno es el malo, y otro era la imagen del imigrante bueno que vino a trabajar, prosperar y conquistar el sueño americano. Uno, la víctima, hasta le dio trabajo al otro.
Sucedió la mañana del miércoles 10 de septiembre en el Downtown Suites, ante la mirada impotente de la esposa y el hijo del administrador. El detenido enfrenta ahora un cargo de homicidio capital y permanece en la cárcel del condado de Dallas.
El caso, por sí solo estremecedor, llega justo cuando la conversación pública sobre inmigración está trenzada con promesas de mano dura, récords de detenciones, campañas electorales permanentes y una ciudadanía agotada por el ruido, señala el San Antonio Express.
El caso ha sido tan mediático que hasta el presidente Donald Trump ha hablado sobre ello. Trump se apresuró a calificar el crimen de “terrible” y a convertirlo en prueba de “fallas” en la aplicación de las leyes migratorias.
En un mensaje en Truth Social, señaló al sospechoso como “un ilegal de Cuba que nunca debió estar en nuestro país” y prometió que “se acabó el tiempo de ser blandos”. La Casa Blanca, por su parte, enmarcó el episodio como confirmación de su enfoque de tolerancia cero frente a extranjeros con historial delictivo. La intervención presidencial no es un detalle menor: empuja el caso al centro del ring, lo convierte en símbolo y lo ata a nuevas medidas que el gobierno anuncia o acelera, reseña Fox News.
A la par del ruido político, la letra menuda administrativa aporta otro ángulo. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ICE presentó un “detainer” —una retención para custodia federal— contra Cobos-Martínez después del arresto en Dallas. Ese mismo comunicado recordó que el sospechoso había sido liberado en enero de 2025 bajo una Orden de Supervisión, porque Cuba rechazó aceptarlo de vuelta debido a su récord penal, un problema recurrente con ciertos países que no reciben deportados.
La versión fue replicada por medios locales y nacionales, subrayando que entre los antecedentes del acusado figuran causas por abuso sexual infantil, robo de auto, secuestro y carjacking en distintos estados, declaró en su comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, (U.S. Department of Homeland Security, (DHS) por sus siglas y nombre en inglés)
La escena del crimen quedó registrada en múltiples partes del expediente. De acuerdo con documentos judiciales y reportes periodísticos, la discusión comenzó cuando Nagamallaiah indicó que no se debía usar una lavadora rota. Hubo traducciones de por medio, recriminaciones por “no hablarle directo” y, tras un primer altercado, el agresor habría regresado con un machete.
Las imágenes de seguridad y los testimonios describen una persecución por el pasillo hasta la recepción, donde la familia del gerente intentó interponerse. Luego, la decapitación. Hay versiones que añaden un gesto final de brutalidad: el atacante habría pateado la cabeza “como un balón” antes de arrojarla a un contenedor, indica Houston Chronicle.
En Texas, donde la seguridad fronteriza y las competencias entre autoridades estatales y federales han derivado en litigios, leyes y operativos que cambian mes a mes, el timing no podía ser peor, y esta historia no termina en la crónica roja. Porque cada vez que un inmigrante comete un crimen atroz, toda la comunidad inmigrante —la vasta mayoría trabajadora, silenciosa, que paga impuestos y cria hijos, como la del inmigrante decapitado— paga un costo reputacional y político.
El gobierno federal en Texas, ha capitalizado el caso para endurecer el discurso de deportaciones a “terceros países” cuando el país de origen no recibe repatriados.
Los adversarios responden que, bajo la lógica del “ejemplo”, episodios así terminan ahogando a quienes precisamente cumplen las reglas, esperan turno, renuevan permisos y dependen de que el sistema no los confunda con criminales. Entre tanto, la realidad inmediata es que el proceso contra Cobos-Martínez seguirá su curso en el sistema penal de Texas y podría exponerse a cadena perpetua sin libertad condicional o incluso a la pena de muerte.
¿Quién era el hombre decapitado por el cubano?
Chandra Mouli Nagamallaiah tenía 50 años, era originario de Karnataka y, entre amigos, llevaba el apodo de “Bob”. Emigró a Estados Unidos en 2018, pasó primero por San Antonio y luego se asentó en Dallas. Desde hace cinco años administraba el Downtown Suites, un motel modesto en Samuell Boulevard, señala NDTV.
Según su entorno, su hijo, recién graduado de secundaria, soñaba con estudiar gestión hotelera inspirado en el trabajo del padre. La comunidad india en Bengaluru celebró un funeral en Texas y ha impulsado recaudaciones para la familia. Son datos que devuelven dimensión humana a la víctima, inmigrante como su victimario, más allá de la estadística y del ruido partidista.
Volvamos al contexto. El propio comunicado de ICE admite el nudo que complica este y otros expedientes: hay países que, por razones políticas o penales, se niegan a recibir a sus nacionales con orden final de expulsión. ¿Qué hace Estados Unidos mientras tanto? Libera bajo supervisión, con presentaciones periódicas y tobillera en algunos casos.
Sin embargo, si la persona reincide, el golpe a la credibilidad del sistema es doble: ni se deportó ni se previno la siguiente fechoría.
De ahí que la administración se afane ahora en exhibir músculo —anunciando traslados a terceros países como Esuatini, Uganda, Sudán del Sur o CECOT, en El Salvador, con Bukele, — para cerrar ese vacío, una política que sus críticos verán como punitiva y sus partidarios como simple sentido común.
El dolor concreto, sin embargo, sigue en la puerta de un motel. Una familia perdió a su esposo y a su padre de una manera que ningún país civilizado debería tolerar.
La pregunta pertinente no es si este crimen define a “los inmigrantes”, sino si el Estado —con sus áreas federales, estatales y locales— fue capaz de identificar un riesgo y evitarlo. La respuesta todavía se está escribiendo en expedientes, foros y discursos. En el camino, convendría proteger a los “inmigrantes buenos” del efecto rebote de cada titular.
Ellos, precisamente, son quienes cargan con el peor momento: el de ser vistos por lo que otro hizo, el de explicar otra vez que la ley se cumple, que el trabajo dignifica y que su americanidad posible no nació el día del crimen ni terminará cuando pase la ola mediática. Mientras tanto, la justicia texana se prepara para un caso que, por su crueldad, ya es un parteaguas.
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