La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) continúa ejecutando arrestos de cubanos vinculados a violaciones de la polémica Ley Laken‑Riley, lo que refuerza un rumbo sancionador en la política migratoria nacional.
En Tampa, Florida, fue arrestada Odalys Abreu, de 52 años, descrita como “extranjera criminal de origen cubano”. Las razones del arresto incluyen violaciones a la Ley Laken‑Riley, tráfico de drogas, hurto mayor y, además, ingreso ilegal posterior a una orden final de deportación emitida en 1995.
Los comentarios en redes no han tardado en llegar: entre reacciones satíricas y críticas, muchos cuestionan su situación migratoria prolongada y consideran apropiada su deportación inmediata.
Simultáneamente, en Miami, ICE detuvo a Robinson Ahumada‑Forten, acusado de violaciones a esa misma ley, violencia doméstica y de permanecer en el país sin autorización desde 2024. Los arrestos se hicieron públicos a través del perfil del periodista Mario J. Pentón, junto con comentarios generales de rechazo compartidos por la comunidad cubana.
Ambos casos se enmarcan en la aplicación de la Ley Laken‑Riley, firmada en enero de 2025 y que requiere la detención obligatoria sin derecho a fianza de inmigrantes indocumentados acusados o arrestados por delitos como hurto, robo con allanamiento, latrocinio, asalto a agentes del orden o cualquier crimen que implique muerte o lesiones graves, sin necesidad de una condena previa. La normativa también faculta a los estados para demandar al gobierno federal si consideran que éste no aplicó adecuadamente las reglas de detención, señala Immigrant Legal Resource Center.
La aprobación de esta ley ha generado desde su implementación debates intensos. Los defensores afirman que fortalece la seguridad al impedir que personas con antecedentes delictivos permanezcan en libertad durante el proceso migratorio. O como señaló RR. HH. Lewis, un portavoz del DHS: un paso firme para proteger comunidades vulnerables.
Sin embargo, organizaciones como la ACLU y Amnistía Internacional han advertido sobre el impacto en el llamado «debido proceso«. La ley amplía la detención preventiva a acusados —no condenados— de delitos menores, lo que, según críticos, arriesga detenciones arbitrarias y prolongadas.
En el Congreso, esta fue la primera ley aprobada por la nueva legislatura del 119.º Congreso. Fue debatida bajo fuerte respaldo republicano y apoyos demócratas, y firmada por el presidente el 29 de enero de 2025.
