A las 1:00 de la madrugada, el rugido de una carrocería rota y el llanto de una niña rasgaron el silencio de la carretera Bayamo-Las Tunas. Un ómnibus estatal, con pasajeros que habían salido desde La Habana rumbo a Santiago de Cuba, terminó hecho pedazos. Dos muertos, 27 heridos y un relato que se repite con dolorosa frecuencia: el de un país donde viajar por tierra es una ruleta rusa marcada por la negligencia, el deterioro y la impunidad.
Desde el año 2000, los accidentes de tránsito figuran entre las principales causas de muerte en Cuba, según estadísticas del propio Ministerio del Interior. A pesar de campañas públicas, controles viales y normas actualizadas, las carreteras cubanas continúan siendo escenarios de tragedias evitables. La del kilómetro 727 en Granma, donde murieron Aracelis Torres Almarales (60) e Ismael Gómez de la Masa Areces (51), no es un caso aislado: es parte de una narrativa estructural de descuido estatal, opacidad y falta de reparación a las víctimas.
El vehículo siniestrado, un ómnibus arrendado al Centro Nacional de Investigaciones Científicas de BioCubaFarma, cubría la ruta entre la capital y la región oriental. Según testimonios de sobrevivientes, el exceso de velocidad fue advertido con antelación por los pasajeros, pero ignorado por los choferes.
La santiaguera Yori Andino, una de las afectadas, relató en redes sociales cómo los conductores aceleraron de manera temeraria tras cruzar Sancti Spíritus, desoyendo las súplicas de quienes notaban el peligro. Su testimonio resuena no solo por el horror vivido, sino por lo familiar del patrón: advertencias no atendidas, unidades en mal estado y conductores presionados por metas inhumanas.
En paralelo, el director del hospital Carlos Manuel de Céspedes, Dr. Adonis Frómeta Guerra, informó que seis personas fueron intervenidas quirúrgicamente debido a los traumas sufridos. Los demás heridos permanecen ingresados bajo observación.
Sin embargo, más allá del parte médico, las autoridades no han anunciado investigaciones formales ni han ofrecido declaraciones públicas de responsabilidad institucional. Tampoco se ha esclarecido si los conductores pertenecían al Ministerio de Transporte o si eran trabajadores privados subcontratados, una práctica cada vez más común en empresas estatales para reducir costos operativos.
