Una jueza federal bloqueó este viernes 1 de agosto el uso de la deportación acelerada invocada por la administración de Donald Trump para agilizar la expulsión del país de inmigrantes que fueron dejados en libertad condicional dentro de Estados Unidos con un parole.
Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener a expulsión expedita de cientos de miles de migrantes que entraron legalmente a Estados Unidos utilizando mecanismos aprobados por el expresidente Joe Biden, como la aplicación CBP One o el programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV por sus siglas en inglés).
El fallo responde a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack y CASA, que denunciaron que al actual gobierno está impulsando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”.
Según la decisión de Cobs, estos migrantes no pueden ser considerados como si hubieran ingresado ilegalmente, y por tanto no pueden ser deportados bajo procedimientos exprés.
La jueza indicó que se trata de “una cuestión de equidad”, ya que inmigrantes expuestos a la deportación acelerada ingresaron al país conforme a las reglas establecidas bajo el Ejecutivo anterior.
En concreto, la demanda, presentada a nombre de varios inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos mediante la Operación Aliados Bienvenidos o el CHNV, solicitaba al tribunal frenar las deportaciones sin darle a los inmigrantes acceso a una audiencia y a representación legal.
Según CNN, la orden formal suspende la aplicación de tres directivas de la era Trump: un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de febrero y la cancelación en marzo del CHNV.
Desde la óptica de Cobs, cuyo fallo aplica específicamente a las personas a las que previamente se les concedió la autorización de permanencia en los puertos de entrada, expulsar “sumariamente” a inmigrantes tras “ser detenidos en puestos de control” y “a la salida de los tribunales”, muchas veces por “agentes vestidos de civil sin explicaciones ni cargos”, sería “parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar”.
Por otra parte, Angélica Salas, directora de Chirla, aseguró que esta demanda pretende asegurar que los inmigrantes tengan al menos “la dignidad de un día en la corte”, en tanto el gobierno de Trump ha elevado su meta de arrestos de inmigrantes y deportaciones a 800 por día.
En marzo pasado, la Casa Blanca anunció la derogación del parole humanitario que permitió a unos 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, bajo el amparo de un patrocinador. Dicha medida dio a estos inmigrantes hasta el 24 de abril para conseguir otro beneficio migratorio o exponerse a la deportación.
Desde abril también inmigrantes que entraron al país a través de CBP One fueron notificados de la cancelación inmediata de sus permisos de permanencia, más conocidos como paroles.
