El ministro de Justicia de la República de Cuba, Óscar Manuel Silvera, ofreció declaraciones a la prensa acreditada en la isla, en las que negó reiteradamente toda intromisión estatal en los asuntos de la masonería (Gran Logia Masónica de Cuba).
De su intervención se hicieron eco medios como Prensa Latina y Cubadebate; al tiempo que el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso también le dedicó un post en su perfil de Facebook. Todos, asegurando de un modo u otro que las palabras de Silvera eran ciertas.
Sin embargo, ha salido a la luz un documento oficial salido de las oficinas del Ministerio de Justicia de Cuba (MINJUS) y fechado el 26 de mayo de 2025, dirigido a Maikel Filema Duarte, entonces Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba; el mismo que ha sido acusado de usurpar el poder, no querer abandonarlo y a quien le achacan además, vínculos con la Seguridad del Estado en la isla además de colaboración estrecha con el régimen.
En esa carta, firmada por la directora de Asociaciones del organismo, Miriam Mirtha García Mariño, se declara como inválida una elección masónica celebrada el día anterior – hecha por los masones en el más irrestricto cumplimiento de las normas de la masonería y en la que se destituyó a Filema Duarte y se nombró Gran Maestro a Juan Alberto Kessel Linares – y se instruye, por si fuera poco y no hubiese intromisión alguna, la suspensión de cualquier actuación dentro de la Logia Masónica hasta nueva orden.
Resumiendo: Un documento que en la práctica constituye una evidencia directa de interferencia política del régimen en una institución que se proclama autónoma.
Apenas unas horas antes, Silvera había afirmado en declaraciones a medios oficiales de la que se hizo eco la televisión nacional— que su ministerio “respeta la historia y la legislación interna de la masonería”, y que cualquier imputación de favoritismo, intervención o privilegio era “falsa, tendenciosa y malintencionada”.
En su comparecencia, el titular del MINJUS insistió en que los conflictos recientes al interior de la Gran Logia de Cuba eran “temas internos”, que debían ser resueltos “según sus propios estatutos”. Pero el documento fechado el 26 de mayo, y que circula ampliamente en redes sociales, desmiente esa versión de forma tajante.
En esa carta (ver foto párrafos encima), el Ministerio de Justicia reconoce haber recibido el acta de una reunión efectuada el 25 de mayo —en el Gran Templo Nacional Masónico de La Habana— donde representantes de distintas logias eligieron a Juan Alberto Kessel Linares como nuevo Gran Maestro.
Lejos de mantenerse al margen, el MINJUS anula la sesión por considerar que violaba un decreto anterior firmado por el propio Filema. Se indica expresamente que no se reconoce la elección, y que no se podrá celebrar otra sesión de la Alta Cámara hasta tanto se creen “las condiciones” necesarias. Una intervención de manual, sin importar cuántas veces las autoridades repitan que respetan la autonomía masónica, y el periodista Froilán Arencibia – y su colega Yisel – lean como mantra lo que les ponen delante de sus ojos en el teleprompter del NTV.
La masonería, que en teoría cuenta con estatutos y mecanismos propios de autorregulación desde 1875, ha sido en la práctica intervenida por el aparato estatal cubano en más de una ocasión reciente.
Como ha documentado ampliamente la periodista Camila Acosta en Cubanet, el MINJUS ha respaldado sistemáticamente a Filema Duarte —pese a haber sido destituido por la Alta Cámara de la Gran Logia de Cuba— y ha ignorado o invalidado los actos de liderazgo de los sectores que intentan renovar la institución.
Esta intromisión ha incluido la detención temporal de los nuevos líderes masónicos, como Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, la ocupación física del templo por agentes del Estado, y hasta la cancelación de cuentas bancarias bajo el control del grupo disidente. Todo ello en nombre de la “legalidad” y el “orden”.
En redes sociales, la indignación no se ha hecho esperar. Usuarios como Yoel Arias Hernández han compartido el documento como prueba irrefutable de que el régimen miente.
“A confesión de partes… sin comentarios”, escribió Arias, mientras recordaba que varios de los líderes “electos” en la sesión del 25 de mayo fueron detenidos el día anterior por la Seguridad del Estado y liberados con la instrucción expresa de no aparecerse en diez metros a la redonda por el edificio de la Logia Masónica de Cuba, enclavado en la Avenida de Carlos Tercero, en La Habana. Otros comentarios, como los de Raúl Rojas Leiva o Carlos Espinosa Betancourt, destacan el doble rasero de un sistema que por un lado proclama no interferir y por el otro emite órdenes directas sobre lo que puede o no puede decidir una asociación teóricamente autónoma.
No es casualidad, como han hecho notar varios internautas, que en toda esta polémica el ministro de Justicia solo haya concedido entrevistas a medios estatales, como el noticiero de la televisión o Cubadebate; o a periodistas de claro vínculo con el régimen de La Habana como Lázaro Manuel Alonso. Nadie ha escuchado hasta ahora la versión completa de los líderes destituidos ni de los electos, y Lázaro, que se precia de ser uno de los mejores periodistas del país – y de los pocos que queda – ni siquiera hace mención de esta elemental norma del periodismo. Sería de muchísimo valor periodístico por ejemplo, invitar a Camila Acosta, pero la periodista independiente estuvo el pasado domingo rodeada, dentro de su casa, por la Seguridad del Estado, la cual le impidió salir a la calle.
Tampoco la prensa oficial ha buscado a otros periodistas con otras ideas o preguntas para hacer sobre el asunto, y mucho menos ha promovido un debate abierto sobre la legitimidad de una intervención de este tipo. En cualquier otro país, una intromisión así desataría un escándalo político y mediático, pero en Cuba sigue formando parte del silencio estructural al que se somete a todo lo que no convenga al discurso del Partido Comunista.
A esto se suma un elemento simbólico que inquieta a muchos dentro y fuera del país: que una mujer funcionaria del MINJUS —la directora de Asociaciones— sea la que imponga órdenes sobre una estructura tradicionalmente masculina y jerárquica como la masonería, algo que desde el punto de vista doctrinal genera polémica interna, aunque en tiempos actuales esa jerarquización de funciones machistas se entromete con la vida moderna.
Más allá del debate de género, a juicio de quien redacta improcedente por cuanto habría que reformular los statutos de la masonería desde su raíz, la contradicción más profunda que radica en este caso específico es otra: cómo una organización que proclama su independencia y que históricamente ha defendido principios de libertad, tolerancia y soberanía espiritual, ha sido reducida a una entidad intervenida por burócratas estatales. Y esta otra: cómo los funcionarios cubanos mienten descaradamente al pueblo, sin pena ninguna, ante una prensa que, además, se esfuerza por no investigar más allá.
Las declaraciones del ministro Silvera pueden sonar grandilocuentes y conciliadoras —»admiramos la historia de la masonería», «respetamos sus valores»—, pero pierden peso cuando se contrastan con las acciones concretas del MINJUS, plasmadas en documentos firmados, avalados y ejecutados, del que esperamos – ¡oh, sí! – que la estrella periodística que es Lázaro Manuel Alonso haga mención en el día de hoy o al menos en el de mañana.
El documento del 26 de mayo no es una filtración anónima ni un rumor de redes sociales: es una carta sellada por el propio Ministerio de Justicia, que reconoce la existencia de una elección y decide invalidarla sin ambigüedad. En otras palabras, el Estado cubano no solo intervino: lo dejó por escrito, y de eso tendrán que hablar Lazarito y Froilán Arencibia.
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