Pedir asilo en Estados Unidos sigue siendo un proceso lleno de obstáculos, y si lo haces desde Miami, las probabilidades no están de tu lado. De acuerdo con datos recientes recopilados por la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, más del 80% de las solicitudes presentadas en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale desde 2020 han sido rechazadas.
Esa cifra coloca a Miami en el cuarto lugar entre las ciudades con mayor tasa de rechazo, solo por detrás de Houston, Atlanta y Charlotte. Desde que comenzó a operar su plataforma de navegación de casos, Mobile Pathways ha reunido estadísticas que permiten comparar qué tan difícil es conseguir asilo dependiendo del lugar en que se tramite la petición. Y la realidad es clara: para muchos inmigrantes, la ciudad del sol no representa precisamente una luz de esperanza.
Mientras que en lugares como Nueva York o San Francisco los porcentajes de aceptación son notablemente más altos, en Miami apenas dos de cada diez solicitantes consiguen una respuesta favorable. La organización señala que su herramienta, pensada para orientar a los inmigrantes en sus procesos legales, permite filtrar casos por nacionalidad, tribunal y ciudad, haciendo más accesible la información para quienes están en medio del laberinto burocrático.
Miami: el 82 por ciento de los 12,000 solicitantes rechazados; Los Ángeles: el 76 por ciento de los 7.053 solicitantes rechazados; Orlando: el 65 por ciento de los 3.200 solicitantes rechazados
San Diego: el 61 por ciento de los 2,200 solicitantes rechazados; Filadelfia: el 54 por ciento de los 4,121 solicitantes rechazados; Boston: el 51 por ciento de los 11,000 solicitantes rechados
Ciudad de Nueva York: el 41 por ciento de los 51,000 solicitantes rechazados y San Francisco: el 28 por ciento de los 24,000 solicitantes rechazados. Gráfico vía Mobile Pathways.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional reportó un aumento en el número de asilos concedidos a nivel nacional en 2023, el panorama local sigue siendo desalentador. En la zona de Miami, más de 8,000 personas han recibido órdenes de deportación desde 2019.
A pesar de estos datos, muchos continúan intentando, impulsados por la esperanza de escapar a la violencia, la represión o la discriminación que enfrentan en sus países de origen.
Miami deja de ser una ciudad santuario bajo la administración Trump
En enero de 2017, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a las jurisdicciones conocidas como «ciudades santuario», amenazando con retirarles fondos federales si no colaboraban con las autoridades de inmigración. En respuesta, el entonces alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, congresista actualmente, ordenó que las cárceles locales cumplieran con todas las solicitudes de detención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), poniendo fin a cualquier política que pudiera identificar al condado como una «ciudad santuario». Esta decisión fue ratificada posteriormente por la Comisión del Condado de Miami-Dade en una votación de 9 a 3.
No menos «estimulantes» han sido las políticas del gobernador Ron DeSantis que afectan a los inmigrantes en Florida. Desde su llegada al cargo en 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha implementado una serie de medidas que endurecen las políticas de inmigración en el estado:
- Prohibición de ciudades santuario: En junio de 2019, DeSantis firmó una ley que prohíbe las ciudades santuario en Florida, obligando a las autoridades locales a cooperar con las federales en asuntos de inmigración. Aunque no existían oficialmente ciudades santuario en el estado, esta medida fue vista como un mensaje político claro.
- Uso obligatorio de E-Verify: En junio de 2020, se promulgó una ley que exige a los empleadores gubernamentales y a las empresas que contratan con el gobierno utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus empleados. Inicialmente, DeSantis abogó por que todos los empleadores estuvieran obligados a usar este sistema.
- Colaboración con ICE: Bajo su mandato, Florida ha intensificado la colaboración con el ICE mediante la implementación del programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales desempeñar funciones de agentes de inmigración. Además, se han creado «grupos de trabajo» compuestos por agentes locales capacitados por el ICE para arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves o con órdenes de arresto.
- Leyes de inmigración más estrictas: En febrero de 2025, DeSantis firmó un paquete de leyes que asigna cerca de $300 millones para apoyar las iniciativas de deportación masiva. Estas leyes incluyen la imposición de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales y la creación de una Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración para coordinar esfuerzos con las autoridades federales.
- Transporte de migrantes a otros estados: En septiembre de 2022, la administración DeSantis organizó vuelos para trasladar a migrantes, en su mayoría venezolanos, desde Texas hasta Martha’s Vineyard, Massachusetts, como parte de una estrategia para destacar las políticas de inmigración de estados demócratas.
Estas acciones reflejan una postura firme del gobernador DeSantis contra la inmigración ilegal, alineándose estrechamente con las políticas federales de la administración Trump en materia migratoria, pero también son – a no dudarlo, quizás – barreras que influyen en la decisión de no otorgarle asilo político a cualquiera.
¿O no?
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